La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó este martes la actualización de su informe sobre la crisis en Venezuela y destacó el deterioro severo de la situación política
Agresiones, restricciones a las libertades, deterioro. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó la actualización de su informe sobre la crisis en Venezuela, y destacó que en el país continúan “las tensiones políticas y los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno (de Nicolás Maduro) contra parlamentarios de la oposición”.
Durante el 43° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, este martes 10 de marzo, Bachelet lamentó las agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas, “sin que las fuerzas de seguridad actuaran para evitarlo” y citó los hechos de violencia del pasado 11 de febrero cuando la prensa cubría la llegada al país del diputado Juan Guaidó, y durante la visita del dirigente político a Lara el 29 de febrero.
También lamentó la detención a finales de 2019 del diputado Gilber Caro y de su asistente Víctor Ugas. “Asimismo, el diputado Ismael León fue detenido y hoy sigue bajo arresto domiciliario”, expresó.
Aseguró que su oficina ha registrado casos de allanamientos de la sede de un partido político, ONG y oficinas de medios de comunicación. Ya el pasado 27 de febrero Bachelet había exigido la liberación “incondicional” de todos los presos políticos en el país. “Las agresiones suelen estar acompañadas por una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia”, dijo y añadió que también continúan recibiendo “alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) en Caracas”.
Bachelet expresó confianza en que se puedan alcanzar los acuerdos políticos necesarios para la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y garantizar elecciones inclusivas, transparentes y creíbles. “Valoro todos los esfuerzos encaminados en esa dirección y reitero el llamado a todas las partes a que actúen con la altura de miras que el país merece para evitar un mayor escalamiento en la confrontación política que pueda traducirse en acciones violentas”.
Menos libertades
La Alta Comisionada comentó su preocupación por la posibilidad de que se apruebe una ley que sancione a las organizaciones de derechos humanos que reciben financiamiento del exterior, así como el señalamiento público a ONG por parte de voceros del chavismo gobernante. “Hemos documentado hostigamiento en contra de algunas autoridades universitarias y restricciones a la libertad sindical. También persisten restricciones a la libertad sindical a través de desalojos y la detención arbitraria de líderes sindicales”, leyó como parte de la actualización del informe.
RECUADRO
Salud y alimentación
La Alta Comisionada citó la reciente encuesta del Programa Mundial de Alimentos, que revela que 2,3 millones de personas en Venezuela se encuentran en situación de inseguridad alimentaria y 7 millones en “inseguridad alimentaria moderada”.
Alertó que “sigue siendo urgente atender la situación de los niños venezolanos con necesidad de trasplante” y precisó que, hasta este martes, 38 infantes siguen en lista de espera en Venezuela y seis están aún pendientes de ser atendidos en Argentina.
Agregó que, de acuerdo con la información recibida, “las sanciones han obstaculizado la transferencia de recursos para los tratamientos”. No obstante, a este escenario “se suma la situación crítica del Hospital infantil J.M. de los Ríos”, donde para finales de 2019 solo el 21 % de las camas se encontraban operativas.
Hacia el final de su presentación, reconoció “los enormes esfuerzos” de los países de la región para atender a los migrantes venezolanos que alcanzan los 4,9 millones de personas, según la Plataforma Regional de Naciones Unidas. Pero lamento las declaraciones de algunas autoridades de algunos países, “que podrían justificar o incitar la xenofobia y violencia contra personas migrantes y refugiadas”.
María Victoria Fermín/Efecto Cocuyo