Casi una semana después desde los hechos ocurridos en el Centro Penitenciario de Los Llanos, en el estado Portuguesa, en el que más de cuarenta reclusos fueron asesinados, el defensor del pueblo, Alfredo Ruoz, reapareció para aseverar que autoridades del Ministerio Público y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) investigan el caso.
Para Ruiz, tildar de “masacre” el asesinato de los más de cuarenta reos es adelantarse a dar opinión sobre la investigación. Aseguró que se trata de un hecho en el cual un grupo de privados de libertad intentó fugarse y agredieron al director de esa prisión y lanzaron varios artefactos explosivos por los que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) resultaron heridos.
Según el defensor del pueblo, los funcionarios buscan determinar responsables y cómo fueron ingresaron los artefactos explosivos a centro de reclusión. Así como también intentar hallar la razón por la que se produjo el “ataque de los privados de libertad a los custodios”, y si hubo excesos o no.
De acuerdo con el parte policial, un grupo de presos que intentaba escaparse del lugar atacó sorpresivamente al director del recinto penitenciario Carlos Toro, cuando estaba en compañía de un teniente e intentaban mediar con un hombre identificado como Olivo, presunto pran del lugar.
Tras los hechos, el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que los presos se encuentran hacinados. La ONG indicó que ese centro tiene una capacidad instalada para 750 reclusos, pero están internados 2.500 personas. A esa denuncia se sumó Humberto Prado, designado comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas por el diputado Juan Guaidó, quien calificó de “masacre” lo ocurrido en el centro penitenciario.
En entrevista a VivoPlay, Prado responsabilizó al Ministerio de Servicios Penitenciarios por lo ocurrido y detalló que lo que sucedió fue una protesta por parte de más de 100 reclusos, quienes se quejaban que la comida que les llevaban sus familiares no les llegaba a ellos porque los funcionarios de la GNB y de la cartera penitenciaria se las quitaban.
