Birmania está sumida en una crisis sin precedentes. La junta militar sigue sin poder controlar las protestas y los enfrentamientos. El 1 de febrero el Ejército birmano ejecutó un golpe de Estado y derrocó al Gobierno democrático de Aung San Suu Kyi. Cien días después los militares siguen sin controlar un país sumergido en huelgas, protestas, enfrentamientos con las guerrillas y el aislamiento internacional. Los militares justificaron el levantamiento, que acabó con un proceso democrático que ellos había diseñado un década antes, por un supuesto fraude electoral en las elecciones de noviembre en las que el partido de Aung San Suu Kyi arrasó como había hecho en 2015. Lo que esperaban que fuera un golpe limpio bajo la promesa de nuevas elecciones en un año ha derivado en un país sumido en la violencia por el rechazo generalizado de la población a la junta militar y una economía que bordea el colapso.
“(La junta) no ha conseguido tomar el control de muchas estructuras civiles críticas e instituciones. Sin ello, no pueden controlar el país. El golpe del Tatmadaw (Ejército) ha fallado”. Así de tajante se mostraban dos exembajadores y expertos en Birmania, Laetitia van den Assum y Kobsak Chutikul, en un artículo publicado el 21 de abril en el Bangkok Post bajo el título “¿Cuándo admitir que un golpe ha fallado?”. La reacción de los ciudadanos no se hizo esperar. Días después del levantamiento comenzó en las principales ciudades una ola de protestas multitudinarias contra la junta militar que pronto se extendió por todos los rincones del país. La población indignada se niega a volver a los oscuros días de los regímenes militares que controlaron Birmania con puño de hierro durante cinco décadas. La brutal represión de las fuerzas de seguridad no ha impedido, como ha ocurrido hoy, que se sigan celebrando a diario durante más de tres meses protestas y concentraciones por todo el país.
Según el último registro publicado por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP), casi 5.000 personas han sido detenidas desde el golpe y 781 han muerto a manos de las fuerzas de seguridad, que disparan a matar a los manifestantes y torturan a los detenidos. La repulsa hacia a los militares ha impulsado un movimiento de desobediencia civil que a través de huelgas ha conseguido parar hospitales, cerrar bancos y paralizar la Administración pública y otros sectores. Los ciudadanos han dejado además de pagar las facturas de la luz, impuestos o de comprar productos vinculados a empresas estatales. “Los militares pueden encarcelar a los políticos electos, matar a civiles en las protestas, pero sin el pueblo birmano, el país no puede funcionar”, asegura Efe la activista Khin Sandar, que cifra en un 90 % el seguimiento de las huelgas.
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