Los 116 sub-saharianos ya están en Marruecos en aplicación de un convenio de 1992. Es la primera vez que el ejecutivo de Sánchez lo pone en marcha. Los inmigrantes contaron con asistencia letrada y una orden de devolución, al contrario de lo que ocurre con las «devoluciones en caliente» junto a la valla. Los 116 inmigrantes que protagonizaron un violento asalto este miércoles a la valla de Ceuta y lograron entrar en España ya están de vuelta en Marruecos. El Gobierno decidió su devolución inmediata (exprés) apoyándose en un acuerdo firmado en 1992 para la readmisión en el reino alauí de los extranjeros que entran ilegalmente en nuestro país por su territorio. El pacto fija un plazo de 10 días como máximo para solicitar y hacer efectiva la expulsión. Fuentes del Ministerio de Interior admitieron «lo excepcional» de la medida, pero recordaron que la entrada de esas personas a España se produjo de forma «ilegal y violenta».
Siete agentes de la Guardia Civil resultaron heridos la mañana del miércoles, cuando los inmigrantes lograron acceder por la zona de Finca Berrocal, el mismo lugar por donde consiguieron entrar con gran violencia y a la carrera 600 inmigrantes el pasado 26 de julio. Algunas de esas personas utilizaron cal viva, ácidos y lanzaron heces de animales a los agentes de la Guardia Civil en esos dos asaltos masivos del verano. Tras el primer asalto violento, el de julio, el Gobierno no tomó la decisión de expulsar a ninguno de ellos y no pidió a Marruecos activar las devoluciones exprés. En esta ocasión, el gobierno sí siguió ese procedimiento. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envió una solicitud a las autoridades de Rabat para gestionar esta salida rápida, esta fue aceptada y hacia las tres de la tarde del jueves ya se había completado porque «entre las personas afectadas por esta medida no había menores de edad, que están excluidos del acuerdo», suscrito en su día por el que fuera ministro del Interior, el socialista José Luis Corcuera, y su homólogo marroquí, Driss Basri.
Fuentes del Ministerio del Interior admiten que lo habitual es que cuando se realizan devoluciones, como en el caso de los inmigrantes de origen marroquí, estas se lleven a cabo con los países de origen, no de procedencia. No obstante, el pacto de 1992 permite que regresen al lugar de procedencia, pese a que no sean nacidos allí. La medida, aunque de carácter extraordinario, ya fue empleada en gobiernos anteriores, tanto del PSOE como del PP, y es diferente de las polémicas devoluciones en caliente (expulsiones en la zona de la propia valla) con las que Pedro Sánchez se comprometió a acabar, aunque es cierto que es la primera vez que se recurre a ella en esta legislatura. En este caso, apuntan desde Interior, los expulsados «fueron trasladados a la comisaría de Ceuta para realizar la afiliación, recibieron asistencia letrada y se les entregó la orden de devolución». Estas condiciones, aseguran, distan de las que caracterizan a las expulsiones en caliente, consistentes en la entrega inmediata a las autoridades marroquíes de aquellos inmigrantes que no han conseguido pasar las tres vallas que integran el dispositivo fronterizo español.
Organizaciones de derechos humanos han protestado contra la entrega de inmigrantes que se quedan en esa tierra de nadie. Acusan a la Guardia Civil de entregarlos a la policía auxiliar marroquí (mehanis). «A pesar de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, las autoridades españolas continúan expulsando a través de la valla fronteriza a personas migrantes. La legislación española obliga a procedimientos individualizados de asilo que permitan identificar si estas personas necesitan protección internacional», denunció el mes pasado Amnistía Internacional. Esas devoluciones se hacen sobre el terreno y de inmediato, sin asistencia de abogado, intérprete ni cualquier otro trámite legal. De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España a pagar 5.000 euros a dos inmigrantes que fueron devueltos por ese sistema. El Gobierno español recurrió la decisión y argumentó que fueron rechazados en la frontera, no en territorio europeo. El recurso, presentado ya bajo el gobierno de Pedro Sánchez, mantiene el argumento, que se debatirá en una vista a celebrar el mes próximo.
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