El Tribunal Revolucionario de Irán ha condenado a muerte a un preso acusado de participar en las protestas que sacuden Irán desde mediados de septiembre, informó el domingo la agencia de noticias de la autoridad judicial Maizan. Es la primera sentencia a la horca por estas movilizaciones que nacieron para poner fin al velo obligatorio a raíz de la muerte de Mahsa Amini a manos de la policía, pero ahora son un clamor por la libertad y uno de los mayores desafíos que afrontan los clérigos del gobierno. Con la sentencia, que todavía puede apelarse, el régimen iraní envía el mensaje de que actuará con mano de hierro contra la disidencia. El condenado es un hombre, que no ha sido identificado, que supuestamente «incendió un edificio gubernamental».
Otro tribunal de Teherán dictó penas de entre cinco y diez años de cárcel a otros cinco manifestantes por «reunión y conspiración para cometer delitos contra la seguridad nacional y alteración del orden público», delitos que también acarrea el sentenciado a muerte. La justicia iraní ha imputado recientemente a cerca de 800 personas por su participación en «recientes disturbios» en las provincias de Hormozgan, Isfahan y Markazi. Pero la cifra total asciende a más de 2.000 personas, la mitad de ellas en Teherán, según cifras facilitadas por la justicia iraní. Una veintena de ellas afrontan cargos que conllevan la pena de muerte, como «corromper en la Tierra» o «hacer la guerra contra Dios», avisa Iran Human Rights, una organización con sede en Oslo que, tras conocer la sentencia, advierte contra el riesgo de ejecuciones rápidas en el país asiático.
«La comunidad internacional debe advertir con firmeza a la República de Irán de las consecuencias de ejecutar a manifestantes. Llamar a sus embajadores e implementar medidas de derechos humanos más efectivas contra funcionarios son algunas consecuencias a considerar», señaló en un comunicado esta organización formada por activistas de dentro y fuera de Irán. Más de 2.000 personas, la mitad de ellas en Teherán, han sido acusadas de algún delito. Está previsto que un millar de acusados conozca su fortuna en los próximos días. Uno de ellos es el rapero kurdo Saman Yasin (Mahsa Amini, de 22 años, era procedente del Kurdistán iraní), quien afronta la horca por haber criticado públicamente al régimen y a su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Aplicando el delito de «hacer la guerra contra Dios», el régimen teocrático iraní equipara a Jamenei a Dios.
Y la represión viene respaldada por el poder político. Una gran mayoría (227) de los 290 diputados iraníes han pedido a la justicia que aplicase la ley de represalia lo antes posible contra los «moharebs» (enemigos de Dios) y los equipararon a los terroristas de Estado Islámico. «Al igual que el grupo Estado Islámico, (los manifestantes) dañaron la vida y la propiedad de las personas con armas blancas y armas de fuego», afirmaron los parlamentarios. Las fuerzas de seguridad, incluidos voluntarios paramilitares de la Guardia Revolucionaria, han reprimido violentamente las manifestaciones con un saldo mortal de 326 personas, incluidas 43 menores, según Iran Human Rights. Las autoridades iraníes dicen que más de 40 miembros de las fuerzas de seguridad también han muerto en los disturbios en todo el país. Según las organizaciones de derechos humanos en el extranjero el régimen ha detenido a cerca de 15.000 personas, cifra desmentida por las autoridades iraníes.
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