Más de 50 sindicatos y organizaciones de derechos humanos venezolanas exigen la liberación de Leonardo Azócar y Daniel Romero, dos sindicalistas de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor) que fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el pasado domingo 11 de junio tras días de protesta.
En un comunicado publicado por la ONG Provea, las organizaciones pidieron el cese de las políticas y medidas gubernamentales que fomentan la persecución contra trabajadores que reclaman derechos.
«La huelga es un derecho constitucional y su ejercicio debe ser no solo respetado, sino garantizado por el Estado. La respuesta del gobierno fue acusarlos de terroristas. Nuevamente para el gobierno quien defiende sus derechos humanos laborales comete delito», indicó parte de la misiva.
Los firmantes de este escrito, entre los que están también 18 dirigentes gremiales, consideran que la detención de los dos sindicalistas muestra una vez más el claro patrón de persecución sindical que desde hace años ejecuta el gobierno venezolano.
«Solicitamos a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que exhorte al gobierno (a) que cese las políticas y medidas que afectan el derecho de asociación de los trabajadores, el ejercicio de libertad sindical y se abstenga de seguir usando el sistema de justicia como instrumento de represión contra el movimiento sindical», agregó el grupo.
Indicaron que se trata de «una política de Estado que abarca múltiples acciones con el objetivo de debilitar y disminuir la capacidad de acción de los trabajadores del país para defender sus derechos».
Provea denunció que en lo que va de año un total de 21 trabajadores de Sidor han sido sometidos a procesos penales por el solo hecho de exigir sus derechos laborales.
Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad legal de Provea, detalló el miércoles que solo en el mes de enero fueron detenidos 19 trabajadores en Ciudad Guayana, los cuales actualmente están sometidos a régimen de presentación en tribunales.
Provea indicó que durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro aproximadamente 300 trabajadores han sido sometidos a procesos judiciales y régimen de presentación abusivos que sobrepasan los 8 años.