La comunidad de residencias Alto Verde denunció durante la mañana de este lunes supuestas irregularidades en cuanto al otorgamiento de recursos y adjudicaciones de uno de los edificios residenciales por parte de los organismos competentes.
Así lo indicó Thais Torres, residente del sector, quien aseguró se les están violentando sus derechos como comunidad organizada en el consejo comunal Alto Verde 3.
“Como comunidad y miembros del consejo comunal queremos denunciar la falta de seriedad de los organismos competentes, se niegan a darnos información sobre los recursos que fueron invertidos en el edificio en cuestión, tampoco sobre las familias que pretenden adjudicar en el lugar, pasando por alto así nuestra voz y nuestras propuestas”, alegó.
Torres agregó que las autoridades competentes los han desconocido consecuentemente como organización comunal, irrespetando así el Art. 59 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales.
“El Art. 59 indica que todos los órganos y entes del Estado en sus relaciones con los consejos comunales darán preferencia a la atención de los requerimientos que éstos formulen así como a sus necesidades” dijo y agregó “esto tiene que ver con la especial atención de los consejos comunales en la formulación, ejecución y control de las políticas públicas así como la asignación privilegiada y preferente en cuanto al presupuesto de los recursos públicos para la atención de los requerimientos formulados por los consejos comunales”.
Torres recalcó las palabras que el Ministro del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, Elías Jaua, sostuvo en una de sus más recientes alocuciones donde expresó que los consejos comunales poseían prioridad irrefutable en cuanto al manejo del llamado Punto y Circulo en el marco de la entrega de adjudicaciones.
“Nosotros queremos hacer valer nuestros derechos legales, ni más ni menos. No aceptaremos adjudicados que no cumplan con el Punto y Circulo, es decir que no sean personas propuestas por el consejo y pertenecientes a la misma comunidad”, declaró.
Así mismo Torres señaló algunas de las varias irregularidades que se están cometiendo en el sector, “primero nos dijeron que nos quedáramos tranquilos que para acá no vendrían damnificados porque ya no habían y ahora nos dicen, bajo cuerda, que en efecto los apartamentos del Edif. 7 serán adjudicados a damnificados, entonces ¿qué está pasando?”.
Además aseguró que muchos tienen dudas acerca de cómo se están manejando los fondos provenientes del Estado y dijo “el presupuesto entregado para la culminación del Edif. 7 estaba destinado a 40 apartamentos, sin embargo sabemos que se hicieron 10 y se rehabilitaron otros 10 por lo tanto si se hicieron sólo 20 piezas ¿dónde está el resto del dinero?”.
También denunciaron la negación de los organismos competentes a la hora de rendir cuentas a la comunidad como está establecido en la ley pues no se han colocado las vallas correspondientes a la evaluación presupuestaria y el ingeniero encargado de la obra.
Por su parte Amarilis Mondragón, vocera del consejo comunal agregó que se trata de una obra que estuvo suspendida durante 10 años y sólo fue en 2013 que se retomaron los trabajos.
“El deber de los que están retomando este trabajo es apersonarse al lugar y preguntar por el consejo comunal de la zona, negociar con nosotros y darnos la información requerida para poder hacer un trabajo mancomunado como se establece legalmente”.
Acciones a tomar
Mondragón alegó que en vista de la situación y de la falta de respuestas tanto de la contraloría como de la defensoría del pueblo, los habitantes de la zona han decidido accionarse y tomar medidas drásticas.
“Desde 2013 estamos pidiendo una audiencia, el único organismo al que no hemos asistido es a la fiscalía, ese es el próximo paso. Mientras tanto exigimos la presencia del Ing. Julio Salazar y hasta que él señor no haga acto de presencia hemos decidido prohibirle el paso a los obreros que trabajan en la obra”, declaró.
ZA
