Tras la matanza de Orlando (Florida, EEUU) de la semana pasada, que causó 50 muertos (incluido el autor de los disparos), el Senado de EEUU vota hoy cuatro propuestas para aumentar el control sobre las armas de fuego en el país, reseñó EFE.
Se trata de un patrón que viene siendo habitual tras los últimos tiroteos masivos en suelo estadounidense, ya que tanto después de la matanza en una escuela de Newtown (Connecticut) en 2012 y de la de San Bernardino (California) el año pasado, el Senado ya votó sobre medidas de estas características, rechazándolas en todos los casos.
En esta ocasión se votarán cuatro enmiendas, dos presentadas por los demócratas y dos por los republicanos (que ostentan la mayoría en la Cámara Alta), lo que a priori puede ayudar a que se aprobase alguna de ellas, aunque la mayoría de analistas apuntan a que ninguna logrará los apoyos suficientes.
Dos de ellas (una demócrata y otra republicana) son bastante similares en cuanto a su objetivo, impedir que personas investigadas por terrorismo puedan comprar armas, pero difieren en la forma.
La propuesta demócrata, presentada por la senadora californiana Dianne Feinstein, daría al fiscal general de EEUU, es decir, al Departamento de Justicia, la potestad de prohibir la venta de un arma a cualquier persona que haya estado en una lista de sospechosos de terrorismo en algún momento durante los últimos 5 años.
Asimismo, el Gobierno estadounidense también podrá prohibir la operación en caso de que tenga una “sospecha razonable” de que el potencial comprador va a participar en actividades terroristas.
Por contra, la propuesta republicana, presentada por el senador tejano John Cornyn, establece que cuando una persona cuyo nombre aparezca en una lista de sospechosos de terrorismo intente comprar un arma, las autoridades deban ser alertadas, y el fiscal general pueda bloquear esa operación durante tres días.
En esos tres días, una corte judicial debe revisar el caso y tomar una decisión firme sobre si la venta se permite o no.
La medida demócrata, por tanto, concede más poder y margen de maniobra al Gobierno (a través del Departamento de Justicia), mientras que la republicana, que cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), limita el poder gubernamental y deja la decisión final en manos de los jueces.
Para comprender mejor las implicaciones de una diferencia tan aparentemente menor pero que podría hacer que ninguna de las dos medidas prosperase, cabe recordar que el derecho a poseer y portar armas está recogido en la Segunda Enmienda a la Constitución de EE.UU. y es, por tanto, un derecho constitucional de todo estadounidense.
