Una Asamblea Popular realizó el Gobierno regional en las residencias OPS de San Antonio de Los Altos, municipio Los Salias, en la que asumió ejecutar trabajos de recuperación de las áreas comunes de dicha urbanización altomirandina, las cuales fueron destruidas por efectivos de seguridad del Estado el pasado 22 de mayo.
Juan Fernández, secretario general del Gobierno de Miranda, señaló que el Ejecutivo regional invertirá 10 millones de bolívares en los trabajos mediante la entrega de Certificados de Construcción.
“Representantes de la Gobernación de Miranda, junto a miembros de la junta de condominio de esta residencia, acordamos cuáles serán las obras de recuperación que se realizarán en esta comunidad. Los daños que hemos visto son principalmente en las áreas comunes como en la entrada de los edificios, la garita de seguridad, el portón, entre otros. La acción que haremos será bajo administración delegada, es decir, el Gobierno regional entrega los recursos a la comunidad organizada y esta efectúa los trabajos de recuperación, bajo una acción contralora”, dijo.
Asimismo, representantes del Gobierno regional sostuvieron un encuentro con vecinos de Sierra Brava, ubicada en San Antonio de Los Altos, la cual también fue afectada tras los ataques de uniformados de los organismos de seguridad del Estado. En el encuentro se acordó asumir compromisos entre los que destacan la asignación de 6 millones de bolívares fuertes, recursos que serán destinados a través de Certificados de Construcción para la reparación de las infraestructuras dañadas.
Acciones legales
El secretario general del Gobierno de Miranda, Juan Fernández, informó que el equipo jurídico del Ejecutivo regional y la Procuraduría General del Estado, atendiendo las denuncias colectivas, introdujo este miércoles ante el Ministerio Público los casos de violación de derechos humanos que sufrieron los vecinos.
“Nuestros abogados levantaron los casos individuales para armar los expedientes de las familias afectadas que fueron seriamente agredidas física y psicológicamente por los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y del CONAS, quienes ingresaron sin ninguna orden de allanamiento a las residencias y apartamentos, las cuales son propiedades privadas. Esta acción lamentable está en contra de la Constitución Nacional y debemos repudiarla, además de denunciarla”, concluyó./ Javier Ramírez
