Amnistía Internacional (AI) denunció hoy en Uruguay que en Nicaragua el Estado y grupos «parapoliciales» están disparando «a matar» para repeler las manifestaciones en contra del Gobierno de Daniel Ortega, crisis que ha dejado más de 300 muertos desde abril pasado.
El informe «Disparar a matar: estrategias de represión y de la protesta en Nicaragua» fue presentado hoy en el Parlamento uruguayo, aunque se dio a conocer dos meses atrás y ya se trabaja en la elaboración de un documento sobre la situación.
La presentación de este informe en Montevideo se dio tras la llegada de una delegación de AI al país para reunirse con el Gobierno uruguayo, en especial con el canciller, Rodolfo Nin Novoa, quien mantuvo una reunión con la directora del organismo para las Américas, Erika Guevara-Rosas.
El informe, explicó Guevara-Rosas en la presentación, «sistematiza los hallazgos de una investigación que se realizó un par de semanas después de iniciada la crisis».
Concretamente, «Disparar a matar» se centra en hechos ocurridos en Nicaragua entre el 4 y el 13 de mayo, y refleja el «grave deterioro» de los derechos humanos, así como el «recrudecimiento de la violencia ejercida por el propio Estado».
Según datos aportados por Guevara-Rosas, se estima que la crisis en Nicaragua ha provocado el desplazamiento de más de 23.000 personas, principalmente hacia Costa Rica.
La directora de la ONG internacional, abogada de derechos humanos, explicó que visitó Nicaragua entre el 24 de mayo y el 2 de junio pasado y aseguró que fue testigo de «graves abusos y violaciones», producto de una «fuerza excesiva letal» contra la población.
«AI acaba de terminar una misión de investigación (…) de más de 10 días para poder actualizar la situación», anunció y agregó que próximamente se sistematizará la información para presentar un segundo informe sobre la crisis en Nicaragua.
Sin embargo, adelantó que, «lamentablemente», la situación «no ha cambiado».
Esta es la crisis más sangrienta que atraviesa Nicaragua desde la década de 1980, y se inició con unas manifestaciones contra una reforma a la seguridad social que se convirtieron en un grito nacional que pide la salida del presidente Ortega, polarizando al país.
En el panel también estuvo presente la senadora de la coalición de izquierdas que gobierna Uruguay, el Frente Amplio (FA), Constanza Moreira; el senador del opositor Partido Independiente (PI), Pablo Mieres; así como la representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, y la familiar de una de las víctimas de represión en Nicaragua, Graciela Martínez.
Moreira comentó el informe, basándose en el uso excesivo de la fuerza, las ejecuciones extrajudiciales y la utilización de aparatos parapoliciales en Nicaragua para reprimir manifestantes.
«Celebro que tengamos a Amnistía como un veedor independiente y objetivo del estado de los derechos humanos», señaló la legisladora, aunque aclaró que no cree que el organismo internacional deba «aconsejarle a cualquier Gobierno a pronunciarse a favor o en contra de otro».
Esto último se debe a que, en la reunión que mantuvo la delegación de AI con el canciller Novoa, los representantes del organismo pidieron al Gobierno uruguayo tener un rol más activo al condenar las situaciones no sólo de Nicaragua como de Venezuela.
Para Moreira, el rol de AI es dar recomendaciones a los gobiernos a los que investiga, no así a otros. EFE
