Un tribunal español rechazó la extradición a Estados Unidos del exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa, investigado en Texas (EE UU) por blanqueo y sobornos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa y que denunció ser objeto de una persecución política.
La Audiencia Nacional española se opone a la entrega en contra del criterio de la Fiscalía, que apoyó la extradición.
Si bien Estados Unidos comenzó a investigarlo por delitos de organización criminal y blanqueo por corrupción en los negocios, también se le está investigando por esos delitos en España, en la propia Audiencia Nacional.
A esto se une que Alvarado cuenta con la nacionalidad española desde 2017 y, en contra de lo que alegó la Fiscalía, el tribunal descarta que la obtuviese de forma fraudulenta.
Tras ser cesado en Bariven, filial de Pdvsa en 2013, Alvarado se trasladó a España, donde se encuentra en libertad bajo fianza de 90.000 euros.
Respecto a la investigación abierta en España, la Audiencia recuerda la existencia de una querella “contra diversas personas físicas y jurídicas” relacionadas con Pdvsa, entre ellas Alvarado, por delitos cometidos en Venezuela, que también ha pedido su extradición, y en otros países.
En lo que se refiere a Alvarado, se señala que tenía “cargos” en Bariven, donde habría cometido actos de corrupción por los que obtuvo beneficios que habrían sido, “al menos parcialmente”, blanqueados en España a través de inmuebles y creación de sociedades.
La Audiencia Nacional entiende que tanto en EE UU como en España, “como probablemente en otros países, se está llevando una investigación sobre, si no exactamente los mismos hechos, sí sobre aspectos parciales de una misma situación, pero que tienen indudables elementos comunes”.
Es lo que se denomina “una situación de doble competencia jurisdiccional concurrente”, el tribunal señala que, dado que a él solo compete resolver la extradición, no le corresponde pronunciarse a favor de una u otra jurisdicción.
No obstante, como el acusado cuenta con la nacionalidad española, tendría prevalencia ésta, según la Audiencia, incluso para los que son objeto de investigación en EE UU y tiene también en cuenta la “gran disparidad de tratamiento punitivo en uno y otro sistema penal”.
En Estados Unidos la pena aplicable por los hechos por los que se le reclama sería de 20 años de cárcel, “ostensiblemente más alta que la imponible en España”.
