La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez informó que la Corte Penal Internacional (CPI) abrió un examen preliminar sobre la denuncia realizada por las autoridades de Venezuela contra el gobierno de Estados Unidos, por las consecuencias de las medidas coercitivas y unilaterales impuestas contra el país, mal llamadas «sanciones». «Ya existe el examen preliminar y eso va a derivar en una investigación», detalló Rodríguez durante una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores.
En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, la vicepresidente Ejecutiva aseveró que, en esta primera etapa, el Gobierno Nacional está demostrando con números el impacto que las «sanciones» que el gobierno estadounidense ha impuesto ilegalmente contra Venezuela, han causado en cada sector de la población.
En los próximos días, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, presentará a la Corte Penal Internacional un total de 27 informes, donde se exponen las dificultades del Estado venezolano para la adquisición de medicamentos, equipos médicos e insumos, así como vacunas, que atentan contra el derecho a la salud de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
La vicepresidenta denunció que el ingreso de divisas de la nación ha registrado un descenso de 90,5% a causa de la imposición de medidas coercitivas unilaterales. Las restricciones financieras del gobierno de Estados Unidos apuntan a la generación de “un colapso económico” a través de la disminución de la capacidad operativa, logística y administrativa de la petrolera venezolana.
“Desde diciembre de 2014 al año 2020 ha habido una línea de tiempo importante, desde el punto de vista jurídico, y tiene que ver como ellos (Estados Unidos) han venido asfixiando la industria petrolera nacional”, indicó.
Explicó que «176 entidades públicas venezolanas han sido sancionadas ilícitamente«, así como «133 funcionarios y 22 personas naturales por tener relación económica, financiera y comercial con Venezuela», por parte del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica.
Nueve buques extranjeros han sido sancionados por el transporte de crudo venezolano, así como 15 aeronaves de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y 41 aeronaves de la aerolínea venezolana Conviasa. A ello, se suma la sanción a nueve empresas venezolanas, así como a 61 empresas extranjeras relacionadas con Venezuela, indicó Rodríguez.
Dijo tajante que las sanciones han ido tejiendo una estructura para imposibilitar el ejercicio financiero del Estado venezolano para la adquisición de medicamentos, alimentos y vacunas.
El pasado 13 de febrero, el Gobierno Nacional presentó ante la CPI una denuncia para que se investiguen los delitos cometidos contra la población por parte del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. La denuncia presentada por Venezuela ante la Fiscalía de la CPI indica que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno estadounidense desde al menos el año 2014, constituyen un crimen de Lesa Humanidad, previsto en el artículo 7 del Estatuto de Roma.
Las declaraciones se dan un día después de que el gobierno de Estados Unidos informara sobre la renovación de la orden Ejecutiva de Estados Unidos que declara a la nación como una «amenaza inusual y extraordinaria» a la seguridad del país norteamericano.
Dicho decreto, ha permitido al Gobierno estadounidense aplicar medidas coercitivas a Venezuela, que le han causado a la nación un perjuicio financiero de 116 mil millones de dólares, y que impide adquirir medicinas, alimentos, semillas para la agricultura, tecnología para telecomunicaciones; e interviene en las importaciones públicas y privadas.
