Los diputados a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo De Grazia y Andrés Velásquez, ofrecieron una rueda de prensa donde repudiaron la decisión judicial que promueve la autocensura al Correo del Caroní, respecto al caso del “Cartel del Hierro”.
De Grazia opinó que tal medida contraviene el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que rechaza la decisión del juez Elly Rendón sobre un caso que ha conmocionado a la opinión pública regional y nacional, debido a las corruptas implicaciones que quedaron al descubierto.
“Nos parece insólito que desde la cárcel un personaje como Yamal Mustafá siga manejando los tribunales de Guayana como si fuesen una más de sus empresas”.
“Nos llama poderosamente la atención que sea justamente un editor, dueño de un periódico, quien tome esta iniciativa, cuando se supone que el que no la debe no la teme, entonces por qué coartar a un medio determinado que informe sobre un acontecimiento que es público y notorio”, manifestó.
Recordó el parlamentario que lo publicado por el Correo del Caroní, y también por El Universal, el Fortín de Guayana, El Mundo, El Venezolano y otros medios de comunicación, está basado en los documentos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que contienen lo declarado por los autores y protagonistas de estos acontecimientos durante los interrogatorios a los que fueron sometidos.
Amenaza
En el mismo orden de ideas, Américo De Grazia advirtió que mediante una demanda civil, Mustafá se propone embargar los bienes del Correo del Caroní por haber informado del caso de corrupción en CVG Ferrominera Orinoco.
“Como estamos hablando de un régimen que no tiene escrúpulos, queremos alertar a Guayana, al Colegio Nacional de Periodistas, a la sociedad civil, trabajadores y sindicatos a que no perdamos de vista lo que ocurre con esta ventana de información, no vaya a pasar lo mismo que con Radio Caracas Televisión o lo que sucede ahora con el Grupo Sexto Poder”.
“Estos atentados contra la libertad de expresión utilizando el poder judicial para ello nos parecen extremadamente graves, y todo está respaldado por la juez rectora Mercedes Sánchez, quien fue destituida por haber liberado al criminal Oswaldo Martínez Ojeda en los años 90, asesino de cuatro trabajadores de Transvalcar en un sangriento asalto”, subrayó.
“Estos dos jueces tenemos que recusarlos en el consejo de la judicatura a nivel nacional, porque no pueden ejercer violentando la Constitución y ponerse al margen de la ley”, acotó.
Legitimación
De Grazia solicitó que considerando la influencia que tienen Yamal Mustafá y el gobernador Rangel Gómez sobre algunos jueces, el caso debe ser radicado en Caracas para así dificultar que el proceso sea manipulado.
“Lo solicitamos para que no ocurra lo que ocurrió con Luis Velásquez el rey de las cabillas, que salió en libertad por procedimientos como este, no es casual que el bufete del señor Yamal Mustafá fue el que defendió a Luis Velásquez para liberarlo”, expresó.
Asimismo, los diputados pidieron que al empresario contratista de la Gobernación de Bolívar, Yamal Mustafá, al ex presidente de Ferrominera Radwan Sabbagh, y a otros indiciados en el caso del “Cartel del Hierro”, les sea imputado adicionalmente el delito de legitimación de capitales.
“Este caso es el mejor reflejo de la podredumbre y el saqueo al que han sometido a nuestras empresas básicas, que no están quebradas sino saqueadas, pero con jueces como Elly Rendón y Mercedes Sánchez no podrá haber justicia”, aseveró.
¿Inventos?
Andrés Velásquez lamentó la autocensura a la que se pretende someter a los medios de comunicación mediante una medida judicial, lo que a su juicio sería un motivo de escándalo en cualquier parte del mundo porque viola el derecho de los ciudadanos a estar informados.
Por ello dijo que tal decisión se debe a una componenda de los antes mencionados jueces “con el empresario corrupto y testaferro”, para tratar de impedir que se le mencione en un caso que es a su modo de ver “inocultable ante la opinión pública”.
“¿Acaso es un invento del Correo del Caroní que Yamal Mustafá prestó sus cuentas para depositar dinero de extorsión? ¿Eso lo inventa el Correo del Caroní o lo confiesa el propio Yamal Mustafá en el interrogatorio que se le hizo?”.
“¿Es un invento del Correo del Caroní que las reuniones y solicitud de dinero que se le hicieron a Radwan Sabbagh se realizaron en la casa de Yamal Mustafá o lo confesó Sabbagh en el interrogatorio?”, inquirió.
Finalmente, y ante la demanda admitida contra el Correo del Caroní, Velásquez instó a la colectividad a salir como demócratas y ciudadanos en defensa de la libertad de expresión.
“Los únicos bienes que deben ser confiscados y puestos en resguardo son los de los corruptos”, sentenció.
