Desmantelamiento de las acampadas islamitas desató una ola de violencia que las autoridades han intentado frenar
EL CAIRO. El Gobierno egipcio anunció ayer que reformará instituciones y leyes relacionadas con los derechos humanos para «completar la construcción democrática», según la hoja de ruta fijada tras el derrocamiento del presidente Mohamed Mursi.
El primer ministro egipcio, Hazem al Beblaui, aseguró en una rueda de prensa que la instauración de la democracia es el principal objetivo de su gobierno, junto a la recuperación de la seguridad y el establecimiento de la justicia social.
«El trabajo de seguridad sobre el terreno no es suficiente y se necesitan medidas políticas en paralelo en las que participen todos», agregó.
Al Beblaui señaló que su ejecutivo reformará el Consejo Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Nacional de la Mujer y el Consejo Nacional de Justicia e Igualdad.
Asimismo, el primer ministro añadió que cambiarán varias leyes como las que establecen el estado de emergencia, el trabajo de las asociaciones civiles, la libertad de manifestación y las elecciones.
Al Beblaui explicó que el encargado de llevar a cabo esas reformas será un grupo de trabajo, que se compondrá en los próximos días por representantes de la Presidencia, el Gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil.
«Todos los partidos políticos y las fuerzas de la sociedad civil participarán, salvo aquellos que tienen las manos manchadas de sangre o no creen en la democracia», apuntó el jefe de Gobierno.
Tras masivas manifestaciones que pedían comicios anticipados, el Ejército egipcio destituyó el pasado 3 de julio al presidente, el islamista Mohamed Mursi, y anunció una hoja de ruta para la nueva transición democrática, que estipula la reforma de la Constitución y la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias.
Los Hermanos Musulmanes, grupo al que pertenecía Mursi hasta ser elegido mandatario en junio de 2012, y otras formaciones afines han salido a las calles desde entonces para denunciar el golpe militar.
Las acampadas que mantenían los islamistas fueron desmanteladas por la policía el pasado 14 de agosto, lo que desató una ola de violencia que las autoridades han intentado frenar, para lo que han impuesto el estado de emergencia temporal en el país y el toque de queda en la capital y varias provincias.
Agencias
