La realidad parece hablar por sí sola: 16 personas murieron en la Cárcel Nacional de Maracaibo este mes, lo que se ha proyectado como un fiel reflejo de la realidad carcelaria del país, donde hay capacidad para 16 mil 539 personas pero son albergadas más de 50 mil según datos del Observatorio Venezolano de Prisiones.
Solo en 2012 murieron casi 600 privados de libertad, ubicándose como la tasa más alta durante los últimos 14 años; de 49 recintos carcelarios 35 son gobernados por pranes (también llamados por el Gobierno líderes negativos).
Ante esta realidad y a propósito de la celebración de la Virgen de Las Mercedes, patrona de los privados de libertad, la comisión de justicia y paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), la oficina de Derechos Humanos de la Diócesis de Los Teques y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas hicieron público un comunicado en el cual hacen una serie de exhortos.
El principal llamado tiene que ver con la intervención del Estado en la mejora de las infraestructuras carcelarias a propósito de superar las condiciones inhumanas en las que viven los privados de libertad, lo cual, a juicio de la Iglesia católica sólo puede ser logrado con el control pleno y absoluto de los establecimientos penitenciarios.
Igualmente manifiestan la necesidad de revisar el sistema penitenciario con la participación de organismos de derechos humanos, de modo que éste sirva para que la persona encuentre el verdadero sentido de la vida y la pena se convierta en la oportunidad de conversión y desarrollo personal.
-Es necesario multiplicar gestos humanitarios con la población recluida y aunque reconocemos los pasos dados, solicitamos que se intensifiquen para que sean muchos más los beneficiarios que puedan recuperar la libertad, hecho que tendría mayor eficacia si fuera acompañado por la agilización de procesos judiciales como medidas alternativas de cumplimiento de pena que deben ser otorgadas sin ningún tipo de discriminación.
que marcan
Parte de la violencia que se genera en estos lugares surge del hecho de que no son investigados los sucesos que se registran tras los barrotes, razón por la cual la CEV exhorta a las autoridades venezolanas no solo a investigar diligentemente cualquier suceso dentro de los penales sino a tomar las medidas correctivas para evitar repeticiones a futuro.
Destacan la importancia del diálogo entre las autoridades y la sociedad para generar soluciones conjuntas, viables y sostenibles. “Hay que incorporar la prevención para reducir la violencia; acabar con el hacinamiento y la sobrepoblación; evitar de manera efectiva el ingreso de armas, drogas, alcohol y otras sustancias ilícitas en los centros penales; establecer una clasificación y separación adecuada de los reclusos, asegurar la capacitación y formación continúa y apropiada del personal y erradicar la impunidad”.
¿Avances?
Aunque muy lejos de ser un modelo a imitar son las cárceles del país, desde el Ministerio de Asuntos Penitenciarios señalan haber dado pasos agigantados en el proceso de humanización.
En el caso concreto de Sabaneta, Iris Varela dijo que tras la reyerta suscitada con el lamentable saldo inició un proceso de “pacificación” que empezó con el traslado de los reclusos a otros penales del país.
Igualmente han hecho público el desmantelamiento de mafias que están siendo investigadas, donde hay implicados desde familiares de los reos que ingresan drogas hasta efectivos castrenses que trafican armas, quienes actualmente están bajo la lupa.
“Hay funcionarios mafiosos que están siendo investigados, hay gente que es corrupta, que comercia con las armas, drogas y municiones”, reconoció la ministra.
Aunque la última sentencia se muestra con un “arranque” de sinceridad que llevaría a la pronta solución de la problemática carcelaria nacional, los menos optimistas señalan que la situación de las prisiones está lejos de mejorar hasta que no se entienda la importancia tanto de la infraestructura como del trato hacia quienes pagan condena.
Johana Rodríguez – jrodriguez@diariolaregion.net/@michellejrl