Capriles sostiene que el proceso electoral estuvo lleno de «irregularidades» que permitieron el triunfo «fraudulento» del ahora presidente Nicolás Maduro
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo este miércoles que «en su momento» estudiará qué hacer con la denuncia de la oposición venezolana sobre presuntas irregularidades registradas en los comicios presidenciales del 14 de abril.
El secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, declaró en Ciudad de México que el organismo «tiene competencias sobre Venezuela y va a estudiar en su momento qué hacer sobre el tema de las elecciones».
Álvarez Icaza participa en los trabajos del XLVIII período extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que se celebran en México hasta el 11 de octubre.
«En el caso de Venezuela, la CIDH ha recibido una petición de intervenir» y «en el momento que corresponda la Comisión va a valorar su respuesta».
El líder opositor Henrique Capriles impugnó sin éxito el resultado de las elecciones del 14 de abril ante la justicia venezolana y a inicios de este mes la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llevó su reclamo a la CIDH.
Capriles sostiene que el proceso electoral estuvo lleno de «irregularidades» que permitieron el triunfo «fraudulento» del ahora presidente Nicolás Maduro, a quien no reconoce como tal y llama «ilegítimo».
Álvarez Icaza sostuvo que, con todo y que Venezuela dejó de estar sometida a la jurisdicción de la Corte IDH el mes pasado, «la CIDH mantiene competencias» sobre el país.
«Somos competentes para conocer los casos, mantenemos nuestras atribuciones intactas, y la única manera de que la CIDH no tenga atribuciones sobre Venezuela es que se salga de la Organización de Estados Americanos (OEA)», indicó.
«Tenemos entendido que ese no es el caso, inclusive ellos han solicitado audiencias», apuntó el representante de la CIDH.
El pasado 10 de septiembre Venezuela hizo efectiva su salida de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), en medio de una defensa cerrada del Gobierno a la decisión frente a las críticas de la oposición y a la preocupación expresada por la comunidad internacional.
La decisión se concretó un año después de que el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) denunciara al sistema interamericano de justicia y dijera que estaba manipulado por Estados Unidos.
Agencias
