El presidente de la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy Francisco de Miranda, Elías Jaua, aseveró que la gobernación del estado Miranda ha violado durante los últimos 5 años los mandatos de la Constitución de la República y sus leyes al convocar reuniones del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, (Ceplacopp), sin la presencia de la totalidad de alcaldes, legisladores y voceros comunales.
Durante una entrevista a Unión Radio, el protector de Miranda informó que durante el primer y segundo período de gobierno en la entidad, “se aprobaron los recursos a diestra y siniestra sin contar con el aval de la institución creada con tal fin” y sostuvo que la gobernadora encargada, mientras Capriles estaba de Campaña, hizo una convocatoria al Consejo Estadal y “aprobaron un conjunto de elementos muy graves” por el que podría haber sanciones legales.
Tras una medida de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en esa entidad, quedan sin efecto las decisiones tomadas en la primera sesión ordinaria del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del estado Miranda.
Jaua recordó que la diputada del Consejo Administrativo mirandino, Aurora Morales, acudió el pasado viernes ante el Poder Judicial, “quien sentenció como debía sentenciar, de acuerdo a la constitución y la ley estableciendo que se transgredió de acuerdo a los artículos constitucionales que establece el Consejo Local de Planificación y en la Legislación respectiva”.
Anunció que no habrá aprobación al Ceplacopp, mientras no se establezcan las reuniones de acuerdo a lo establecido por la Constitución y sus leyes. “Nosotros aprobaremos lo que sea bueno para el estado, no para los chanchullos de una clientela política que está drenando los recursos de presupuesto de los recursos del estado Miranda”.
¿Dónde están los recursos de Miranda?
Elías Jaua sentenció que los recursos del estado Miranda se han convertido en una caja de financiamiento de la estructura clientelar, como es la distribución de cheques o dinero en efectivo para “supuestamente sustituir ranchos por viviendas, cuando en realidad lo que se dan son 25 o 50 mil bolívares. Todo eso es una red clientelar de los llamados operadores de Primero Justicia que son los que mantienen el activismo político a favor del proyecto personalista”.
El protector de Miranda dijo que por esa razón es que no se convoca al Consejo Estadal de Planificación de políticas públicas a los Bolivarianos “porque si se convocara en todas esas instancias, se defendería que se les incluyera en el presupuesto los pasivos laborales de los trabajadores, las vías locales en el estado Miranda, el seguro de hospitalización, cirugía y maternidad de los bomberos de la entidad”.
Recordó que el gobernado se ha comprometido con los maestros a incrementarles -mucho más allá que lo que había incrementado el Gobierno Nacional- y no les cumplió porque no lo presupuestó. Asimismo, Capriles se ha comprometido a pagar deudas laborales con los maestros, obreros, policías y hasta la fecha, no ha cumplido.
PSUV Miranda
