Una representación de los diputados que conforman “La Movida Parlamentaria” acudieron hoy en horas del mediodía a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en la Av. Baralt, para introducir un documento exigiéndole a los
Magistrados integrantes de la Sala Plena del TSJ postergar su decisión sobre la solicitud hecha por la Fiscal General contra dos diputados de la Unidad Democrática: María Mercedes Aranguren y Juan Carlos Caldera hasta que concluya el debate parlamentario sobre el proyecto de Ley Habilitante.
Estuvieron presentes por la Movida Parlamentaria: Américo de Grazia (Bolivar), Maria Corina Machado (Miranda), Leomagno Flores (Táchira), Williams Dávila (Mérida), Angel Medina (Miranda), Luís Barragán (Aragua), Andrés Velasquez (Bolívar), Omar González (Anzoategui), Abelardo Diaz (Táchira), Homero Ruíz (Táchira), Juan Pablo García (Monagas), Freddy Marcano (Mérida), José Manuel González (Guárico).
Los parlamentarios aseguraron que postergar esta decisión sería una forma transparente de desligar el veredicto sobre el antejuicio de mérito, de la controversia sobre la búsqueda del Diputado 99 por parte de las filas del oficialismo.
Recordaron que menos de 24 horas después de que el Presidente de la República anunciara la aprobación de la habilitación, el pasado 2 de octubre de 2013, la Fiscal General de la República, acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitarle que le autorice procesar a los legisladores de la Alternativa Democrática, María Mercedes Aranguren y Juan Carlos Caldera, por presuntos hechos de corrupción.
En opinión de los parlamentarios, esa solicitud de la Fiscalía, que coincide además con los anuncios de Nicolás Maduro, despierta el temor de que el oficialismo haya recurrido al expediente de la criminalización de
los opositores para tratar de modificar la correlación de fuerzas en el seno del Parlamento Nacional: “De ser así, estarían logrando de manera ilegítima, el voto necesario para aprobar los designios del Ejecutivo.
Quedaría en tela de juicio la independencia, la imparcialidad y la prohibición de hacer activismo político partidista, que exigen a los magistrados en el ejercicio de sus funciones, los artículos 254 y 256 de nuestra Carta Magna”.
Al respecto el diputado Leomagno Flores expresó: “una solicitud de autorización del TSJ a la Asamblea Nacional, para enjuiciar a los parlamentarios de oposición Aranguren y Caldera, provocaría el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los señalados legisladores, con el antecedente del atropello constitucional oficialista, de hacerlo en
contravención con la exigencia de la mayoría calificada que establece para estos casos el numeral 20 del artículo 187 de la Constitución, como ya ocurrió en el caso del Diputado Richard Mardo”.
“Le pedimos al TSJ de manera muy respetuosa que saque sus manos del debate político, que no viole el proceso de defensa a los diputados. El antejuicio de mérito es un privilegio que tenemos los parlamentarios y que no incluye
juicio de valor sobre culpabilidad o no. Por lo tanto nosotros lo que le pedimos al TSJ es que permita que fluya el debate parlamentario de la Ley Habilitante” declaró el diputado.
“Si el TSJ decide que el antejuicio de merito es procedente está cambiando la correlación de fuerzas de la AN y eso traería consecuencias nefastas para el estado de derecho, para la democracia venezolana y para la estabilidad en este momento de confrontación en el país” concluyó Leomagno Flores.
