El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, dijo el jueves que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de reabrir la investigación de una masacre de 45 campesinos cometida por militares durante la guerra civil en la década de los años 80 fortalece los principios de acabar con la impunidad y de que no se deben amparar bajo amnistías los delitos contra la humanidad.
La Sala de lo Constitucional de la Corte ordenó a la Fiscalía que efectúe dentro de un plazo razonable, una investigación seria, exhaustiva, diligente y concluyente, con el fin de esclarecer la verdad del homicidio colectivo ocurrido el 25 de julio de 1981 en San Francisco Angulo, en el departamento central de San Vicente y a unos 75 kilómetros al este de la capital salvadoreña
«En efecto tenemos una impunidad histórica en estos casos (y) me parece que es la primera vez que se emite una sentencia de amparo ordenando una investigación a la fiscalía en casos de masacres», declaró Morales.
Hay que investigar este tipo de delitos «que ofenden la humanidad de acuerdos a los estándares de Derechos Humanos, y (que) no deben prescribir, no ser objeto de amnistías», enfatizó.
El emparo fue suscrito por los cinco magistrado de la Sala de lo Constitucional, amparando a los 13 ciudadanos, sobrevivientes o familiares de las víctimas de la masacre, por la «vulneración de sus derechos a la protección jurisdiccional, a conocer la verdad».
El 23 de noviembre de 2009, los familiares de las víctimas solicitaron a la Fiscalía en San Vicente, reabrir la investigación, pero nada pasó, recordó el Procurador de Derechos Humanos. Otra solicitud fue presentada el 25 de enero de 2010, pero tuvo igual suerte, por lo que decidieron acudir a la Sala de lo Constitucional.
Morales afirmó que se trata de «una masacre plenamente probada, incluso en términos científicos y forenses».
Señaló que el Centro de Promoción de los Derechos Humanos, Madeleine Lagadec, que ha acompañado a los familiares de las víctimas, llevó adelante un proceso de exhumación con la participación del estatal Instituto de Medicina Legal «que probó la existencia de esta masacre en 1981».
Se exhumaron 30 esqueletos de niños, niñas y mujeres, y en menor número hombres, pero la investigación se paralizó argumentando falta de equipo técnico.
Morales dijo que el juez de paz de la región giró una instrucción a la Fiscalía para investigar desde hace varios años, «pero no fue atendida por la Fiscalía».
AP
