El agente del Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Germán Saltrón, manifestó ayer a medios que esta institución, de la que Venezuela ha iniciado su salida, está “desprestigiada” y ha emprendido una “persecución política” contra su país.
Saltrón asistió ayer a una audiencia pública en la CorteIDH sobre la presunta ejecución extrajudicial de los hermanos venezolanos Landaeta Mejías a manos de agentes policiales en el estado de Aragua.
Después de este caso solo queda otro vinculado con la no renovación de la concesión de Radio Caracas Televisión (RCTV) al que el Estado venezolano debe responder, dado que ya hizo efectiva su salida de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH)
“La CorteIDH ya está desprestigiada porque ya no es solamente contra Venezuela, sino contra Ecuador, Bolivia, Argentina, contra todos esos países progresistas, entonces es una persecución política que se tiene”, indicó Saltrón.
Según el agente estatal, el hecho de estar fuera de la Convención Americana no significa que Venezuela es un país antidemocrático. “Estamos fuera de la convención al igual que como están Estados Unidos y Canadá, y nadie dice que ellos son antidemocráticos o es una dictadura, entonces tampoco podrán decir eso de Venezuela”, aseveró.
Sobre el caso de los hermanos Landaeta Mejías, Saltrón comentó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a la CorteIDH “indebidamente” el caso, porque éste continúa abierto en Venezuela y “no se han agotado los recursos”.
Para Saltrón, ésta es una de las “irregularidades” en las que cae la CIDH contra Venezuela y otros países a los que en su opinión, también les “tienen el dedo puesto”, porque “no obedecen los dictámenes de Estados Unidos”.
El caso que juzga la CorteIDH se relaciona con la presunta ejecución extrajudicial de Igmar Alexander y Eduardo José Landaeta Mejías, de 18 y 17 años, respectivamente, por parte de funcionarios del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado de Aragua.
La demanda indica que estos hechos se enmarcan en un contexto de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, con especial incidencia en el Estado de Aragua. La CorteIDH escuchó ayer en la audiencia a testigos, peritos y los alegatos finales de las partes relacionadas con el caso.
Las partes tienen un mes para presentar los alegatos finales por escrito y a partir de allí los jueces estudiarán la posibilidad de dictar una sentencia, para lo cual no tienen plazo límite.
La CorteIDH es un ente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del organismo hemisférico.
Agencias
