Este viernes el equipo reporteril de Diario La Región se trasladó a las afueras del Liceo Militar Pedro María Ochoa, con la finalidad de conversar con los familiares de los detenidos en San Antonio de Los Altos este miércoles, los cuales se encuentran recluidos en este centro. Parientes informaron que varios de los arrestados no tenían nada que ver con la manifestación.
La dirigente estudiantil dijo que totalizan 383 detenciones. 23 de estos estudiantes permanecen detenidos
Activistas de Voluntad Popular y representantes de diferentes casas de estudios se trasladaron ayer viernes hasta la sede de la Defensoria del Pueblo, en la zona Metropolitana, para consignar un documento donde exigen se resguarde la vida de los estudiantes y demás personas detenidas durante las protestas que se han vivido en el país desde el 4 de febrero.
Gaby Arellano, dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes, explicó que el comunicado recoge todo lo que han vivido las personas que han protestado en contra del gobierno de Nicolás Maduro. «Queremos respuesta de la Defensoría del Pueblo sobre las torturas que se les han practicado a los detenidos – violados con fusiles, otros rociados con gasolina y electrocutados – sobre la represión de los cuerpos de seguridad con armas de guerra (…) hay pruebas fotográficas, videos y testimonios de compañeros que son perseguidos y han sido allanadas sus viviendas. Queremos justicia», enfatizó.
Arellano precisó que hasta ahora el movimiento estudiantil contabiliza 383 detenidos por los cuerpos de seguridad, de los cuales 23 aún están tras las rejas. «Los que están afuera tienen medidas cautelares o prohibición a protestar. Ninguno está en libertad plena», acotó.
«Nada se está haciendo bien, el marco democrático está siendo pisoteado y la Constitución está siendo violada por el Ejecutivo Nacional», agregó.
Tesis política
Explicó que el sector estudiantil plantea una tesis política en la calle que denuncia el atropello a los distintos sectores de la sociedad. «El Ejecutivo lo que ha hecho es agudizar la represión y con esto lo que busca es que la sociedad no diga lo que piensa y no proteste», añadió.
«Reclamamos justicia, que pase por la libertad de todos los presos políticos y el desarme y aprehensión de los colectivos. La libertad de expresión, de pensar, la libre comunicación en todos los medios, libertad económica ante un exceso de control», sostuvo.
Señaló que si estas condiciones se cumplen en el país, las protestas se acabarían. «Si hay justicia y libertad, en Venezuela hay paz. Aquí los que han disparado y creado violencia están claramente identificados: son los grupos armados que el Partido Socialista Unido de Venezuela, a lo largo de 15 años, ha adoctrinado para crear la anarquía y en paralelo la Guardia Nacional reprime a quien saca un cartel».
El castigo a Táchira
La dirigente estudiantil denunció que el estado Táchira está militarizado para silenciar la protesta. Además, rechazó el corte del servicio de internet durante dos días seguidos para impedir que la población se informe y se comunique.
«Lamentablemente la respuesta del presidente, Nicolás Maduro, y del señor Miguel Rodríguez Torres (ministro de Interior Justicia y Paz) a un petitorio de seguridad ha sido sacar a la Fuerza Armada a la calle, hasta el componente aéreo. Nosotros no tenemos planes golpistas ni conspiradores», sostuvo.
Agencias
