El problema de las drogas y el narcotráfico centra la agenda actual de la mesa de negociación, que ya abordó el tema agrario y de la participación política de los guerrilleros tras un posible acuerdo
«Se garantizará la descriminalización del consumo, lo cual conlleva la realización de las reformas del caso en materia penal», añade el documento
LA HABANA. Las Farc propusieron ayer la despenalización del consumo de «drogas psicoactivas» como parte del plan que defiende en las conversaciones de paz con el Gobierno colombiano, actualmente centradas en el tema de drogas y narcotráfico.
El grupo rebelde consideró que el consumo de ese tipo de drogas debe ser visto como un «problema de salud pública» y ubicó en el Estado la responsabilidad central para su prevención, tratamiento y regulación, según una declaración de la guerrilla divulgada ayer en La Habana, sede de los diálogos.
«La política pública se fundamentará en la superación del prohibicionismo y la despenalización del consumo. Ello implica privilegiar medidas y acciones tendentes a la regulación gradual y diferenciada del consumo, incluida su legalización, atendiendo sus impactos y usos», afirma el texto leído ante periodistas por el guerrillero «Ricardo Téllez».
Las Farc apuntan que los consumidores deberán ser tratados «como víctimas de la empresa criminal transnacional del narcotráfico» y «se proscribirá su estigmatización y persecución». «Se garantizará la descriminalización del consumo, lo cual conlleva la realización de las reformas del caso en materia penal», añade el documento.
Preguntado sobre el alcance que tendría esa despenalización, «Téllez», alias de Rodrigo Granda, se limitó a decir que el plan es «para discutirlo con el Gobierno», y señaló que «la cuestión de la ilegalidad de este negocio es el que lo hace bastante atractivo nacional e internacionalmente».
Reforma estructural
Las propuestas presentadas ayer prevén también una «reforma estructural» al régimen de seguridad social en salud, y la creación de un «Consejo Nacional de Políticas contra el consumo de drogas sicoactivas».
Ese organismo integraría a las instituciones estatales, las científicas, las comunidades terapéuticas y los «consumidores organizados» para diseñar políticas públicas sobre el tema con un enfoque de salud pública.
No obstante, las FARC sostienen que «la centralidad de la responsabilidad» recaerá sobre el Estado, que deberá garantizar el acceso gratuito a los tratamientos de rehabilitación y financiar la política pública de investigación, prevención y rehabilitación.
Esa financiación deberá ser «sostenible» y para ello la guerrilla propone crear un «fondo especial» con recursos del presupuesto nacional «y de las incautaciones de la Dirección Nacional de Estupefacientes».
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de Juan Manuel Santos iniciaron ayer en La Habana la vigésimo primera ronda del proceso de paz, abierto por las partes en 2012.
AFP
