Usura, acaparamiento y sobreprecio son las tres irregularidades más frecuentes detectadas durante las inspecciones que desde el 2 de mayo se vienen realizando en el marco de la “segunda fase de la ofensiva económica”.
Euyoloskia Jaspe, directora de la Superintendencia de Precios Justos del estado Miranda, señaló que en lo que va de año 234 locales han sido inspeccionados en la entidad y 96 corresponden a la subregión altomirandina, siendo el caso más emblemático el del Concesionario La Venezolana, ubicado en el kilómetro 9 de la carretera Panamericana.
-Precisamente hace un par de lunes se instaló una comisión en el local dedicado a la venta de vehículos para darle continuidad al proceso de revisión que se viene realizando.
Jaspe añadió que tras las fiscalizaciones realizadas en tiendas durante el último trimestre del 2013, este año están enfocados en comercializadoras, importadoras y distribuidoras. “No manejamos un cronograma para no alertar a los comerciantes, a quienes exhortamos a que se rijan por el margen de 30 % de ganancia establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos para que eviten ser sancionados”.
-Cuando el comerciante sobrepasa los índices de ganancia entre 40% y 50% se le insta a hacer un ajuste y luego se vuelve a inspeccionar para verificar si está cumpliendo con lo acordado. Sin embargo, cuando los precios sobrepasan las ganancias a más del 100% ya están incurriendo en delito de usura y, por ende, se debe poner a la orden del Ministerio Público (MP), como fue el caso detectado en un galpón en el kilómetro 17 de la carretera Panamericana, municipio Carrizal, donde tenían cerca de 96 mil productos -acaparados en un galpón no identificado- que vendían con márgenes de ganancia de 700 %.
La medida, que favorece a los compradores – quienes al enterarse de las inspecciones hacen colas en la afueras de los locales con la esperanza de que rematen la mercancía- tiene en jaque las ganancias de los comerciantes, que señalan que 30 % no se ajusta a la realidad.
“Estas fiscalizaciones se justifican cuando se trata de empresas que trabajan con dólar oficial, pero quienes trabajamos con una moneda extranjera paralela porque no nos liquidan las divisas no tenemos más opción que vender a un precio que nos genere algo de ganancia”, explicó Juan Gómez, quien tiene una tienda de calzado deportivo en La Cascada, mall cuyas tiendas trabajan a media máquina tras no reponerse de las fiscalizaciones del año pasado.
-La afluencia de visitantes ha decaído porque hay un número importante de locales que no está abriendo sus puertas los lunes y domingos, mientras que otro grueso cierra antes de las 7:00 p.m. por medidas de seguridad y por no tener mucho qué ofrecer. Las ventas van palo abajo, igual que nuestras ganancias.
La opinión es compartida por otros compañeros comerciantes y visitantes del centro comercial carrizaleño, quienes están sorprendidos por los horarios de trabajo y la poca mercancía en exhibición.
“Tenía tiempo sin visitar La Cascada y este lunes salí un poco antes de la oficina y me fui con una compañera a comer e ir al cine. Como tenía un acto de la niña en el colegio iba con la idea de visitar algunas tiendas para comprarle una blusita que le hacía falta y para mi sorpresa a las 6:30 p.m. ya prácticamente no habían locales abiertos aparte de la feria”, refirió Nataly Quijada, quien trabaja en Carrizal y reside en Los Teques.
-Esa fulana ola de fiscalizaciones del año pasado fue comida para hoy y hambre para mañana. Estoy de acuerdo que hay muchos especuladores, pero hay otros mecanismos menos dañinos para nuestra quebrantada economía.
No paran
Jaspe resaltó que diariamente se despliegan fiscales y equipos multidisciplinarios en la entidad para visitar establecimientos comerciales para verificar que los comercios cumplan con la Ley de Precios Justos, lo que les ha permitido detectar que «70 % de los comercios cumplen con la Ley; significa que los comerciantes se están poniendo al día con la Ley Orgánica de Precios Justos».
Agregó que en los procedimientos se respetan los derechos de los trabajadores porque cuentan con el apoyo de un equipo del Ministerio para la Protección del Proceso Social del Trabajo. «Garantizamos que ellos continúen teniendo su salario y beneficio mientras se esclarecen los hechos (…) El propósito es que los productos salgan a la venta a precios justos”.
Invitó a la población del estado Miranda, región central del país, a continuar emitiendo sus denuncias a través de las líneas telefónicas 0-800-SABOTAJE y 0-800-RECLAMA y la página web www.superintendenciadepreciosjustos.gob.ve
Johana Rodríguez [email protected]/ @michellejrl
