Javier Tarazona, miembro de la Red de Educadores en defensa de los Derechos Humanos, REDH y Presidente del Colegio de profesores de Venezuela, seccional Táchira, denunció el “dramático incremento” de grupos irregulares en los centros educativos fronterizos con Colombia y de cómo niños y jóvenes venezolanos “Están siendo reclutados por estas organizaciones al margen de la ley para fines evidentemente ilícitos”.
Explicó que gracias al desarrollo de los talleres del Proyecto REDH, auspiciado por Fundación Redes, CEDAP y UPEL, diseñado y desarrollado para formar a los docentes de estas instituciones fronterizas en materia de Derechos Humanos, han podido conocer de primera mano, testimonios de más de 250 maestros en Táchira, Apure y Barinas, “Con quienes pudimos establecer que nuestra frontera está infestada por la acción deliberada de los grupos irregulares, quienes toman las decisiones en estos territorios y han desplazado el papel que debe cumplir el Estado venezolano”.
Agregó, “gracias a este grupo de docentes, quienes vienen trabajando desde hace más de un año en contrarrestar la penetración ideológica de grupos irregulares en las escuelas de la franja fronteriza y de otras entidades del país, hemos podido descubrir que la acción de estos grupos ha pasado de la penetración al reclutamiento de escolares así como su vinculación directa en actividades ilegales y hasta criminales”.
Destacó que también existe lo que definió como “economía paralela” en donde tema económico se ha mezclado en estas interacciones con los irregulares en centros educativos, siendo el narcotráfico el elemento que altera el normal desenvolvimiento de la actividad académica y la vida cotidiana de las poblaciones fronterizas.
Lamentó que para los estudiantes, “Resulte más rentable formar parte de esta vinculación, a veces incluso indirecta, con estos este tipo de grupos, que ir a la escuela, al liceo y esforzarse por lograr una buena educación”.
“Tenemos por una parte, una frontera venezolana como territorio fértil para reforzar toda la estructura de bandas y pandilleros armados; por otro lado, una escuela disminuida frente al delito. Mientras que toda clase de pillos avanzan deliberadamente en su acción, el Estado venezolano se encuentra silente, aun conociendo esta triste realidad”, acotó.
“Estamos cohabitando en una crisis social que vulnera los Derechos Humanos. Hoy tenemos tierras desoladas donde ya no hay agricultura, no hay ganadería, y ni siquiera encontramos producción de leche en la frontera, sólo hay un territorio dispuesto al narcotráfico, al contrabando, y ciudadanos que encuentran en esta acción irregular un beneficio económico”, argumentó.
“Sólo se habla de paz, soberanía y defensa de la patria en los discursos, y en las escuelas, sólo en las carteleras, cuando lo que debemos hacer es atender la causa del conflicto para poner fin a esta situación”, concluyó.
Prensa de Solidaridad
