El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias le recomendó este viernes a España que persiga penalmente las desapariciones de la guerra civil y la dictadura franquista, lo que fue rechazado por ese país por considerarlo incompatible con el Estado de derecho.
El Grupo de Trabajo de la ONU se une así al Relator Especial sobre la promoción de la verdad, el colombiano Pablo de Greiff, que considera que España no prestó la atención debida a los derechos humanos durante su transición a la democracia.
Un grupo de cinco expertos del Grupo viajó a España en 2013 y presentó sus conclusiones el viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
“Investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas a la luz de las obligaciones internacionales, de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de la mismas”, exhorta el informe.
Exigen pesquisas profundas
El Grupo insta a que España adopte “todas las medidas necesarias legislativas y judiciales, para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía, en particular privando de todo efecto a la interpretación judicial dada a la Ley de Amnistía de 1977″, una de las leyes clave de la transición, tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
Los delitos de lesa humanidad como las desapariciones tienen carácter retroactivo, por lo que deben ser investigadas independientemente de cuando hayan ocurrido, razonan los expertos.
El informe recomienda a propósito de ello a España que ratifique la Convención de la ONU sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La delegación española, en su respuesta al informe, evaluó que el texto “incluye numerosas recomendaciones, aunque no todas ellas de la misma urgencia ni importancia”.
Varias de esas recomendaciones son “inaplicables e incompatibles con el Estado de derecho que rige en España”, explicó el gobierno.
Vía AFP