“El régimen de Nicolás Maduro representa una amenaza para todos los venezolanos”. Así respondió este martes la diputada María Corina Machado a la noticia sobre las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra siete funcionarios venezolanos.
En «Contigo», su programa semanal transmitido por Radio Caracas Radio, la líder de Vente Venezuela sostuvo que el centro de la discusión debe ser la defensa de los derechos humanos. «El año pasado Venezuela fue objeto del examen del Comité Contra la Tortura, de la Organización de las Naciones Unidas, donde hubo 138 casos documentados y se puso en evidencia que se han cometido actos de tortura, crueles e inhumanos por parte de funcionarios del Estado», recordó.
Del mismo modo, señaló que los países firmantes de esta Convención tienen la obligación de colaborar en que en casos como estos se haga justicia; tanto en la investigación como en la sanción. Resaltó que «si Venezuela tiene pruebas de que un funcionario de otro país comete un acto tortura, está en la obligación de colaborar en que se haga justicia».
La parlamentaria también mencionó que en América Latina hay varios precedentes de sanciones por parte de un país a funcionarios de otro Estado, como ocurrió en los casos de Augusto Pinochet, a quien la justicia española le abrió un juicio y del militar argentino Ricardo Cavallo, al que el Estado mexicano entregó a la justicia española.
Asimismo, criticó que se designase como nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz al mayor general Gustavo González López, uno de los funcionarios denunciados por violación a los derechos humanos y calificó este nombramiento como una forma de “premiar la impunidad y el atropello de las garantías de los venezolanos”.
“La única víctima aquí es el pueblo de Venezuela. Fueron 25 mil asesinados el año pasado, sin que haya justicia. El país encabeza las listas internacionales de impunidad y homicidios”, subrayó la lider opositora.
Machado recordó el asesinato reciente del niño tachirense Kluiberth Roa, de 14 años, por la aplicación de la resolución 8610 del Ministerio de la Defensa, que autoriza el uso de armas letales en el control de manifestaciones, violando así la Constitución nacional. En ese sentido, exhortó a los demás gobiernos de América Latina a pronunciarse sobre la situación de Venezuela y a cumplir con lo estipulado en tratados internacionales como la Carta Democrática Interamericana.
