El artículo 19 de Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela establece que el respeto y la garantía de los Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento para todos los órganos del Poder Público y el 136 distribuye este poder en municipal, regional y nacional.
“Una simple interpretación del texto constitucional nos indica que la protección del derecho a la vida, que es el derecho humano más importante porque de él derivan todos los demás, es competencia tanto del presidente de la República, como de gobernadores, alcaldes y de las otras instituciones del Estado”, detalla el politólogo Sergio Graffe, dejando claro que la coordinación superior de una política pública de seguridad nacional debe ser asumida por el poder central, con la participación de los demás niveles de gobiernos regionales y locales.
El dirigente político de Copei en la capital mirandina asegura que le parece inapropiado el tratamiento político y comunicacional que se le ha dado a esta problemática por parte de algunos representantes del gobierno nacional y de diputados regionales del PSUV en el sentido de atribuirle al gobernador Henrique Capriles la exclusiva responsabilidad por los altos niveles de inseguridad en este estado, “bajo el falso argumento de que la policía regional presenta un grave déficit de funcionarios cuando es una situación que alcanza a casi todos los cuerpos policiales que actúan en Miranda”.
–La acción policial es solo un componente del combate a la delincuencia pero no se puede excluir la impunidad generada por la incapacidad del sistema de justicia o la descomposición social y moral del país; por eso pretender politizar esta problemática es un intento por evadir una responsabilidad compartida por motivaciones electoreras.
Un análisis del último informe policial que realiza cada año el Iapem (Instituto Autónomo de Policía del estado Miranda), relacionado específicamente con el pie de fuerza policial y el número de homicidios durante el año 2014, cuya fuente son datos oficiales aportados por el Cicpc, indica que según los estándares internacionales de 4 policías por cada 1.000 habitantes, son necesarios 12.580 funcionarios para darle seguridad a los 3.144.928 mirandinos, de los cuales 6.290 los debe aportar Polimiranda y los otros 6.290 las policías municipales.
Según este informe, la policía regional cuenta con 1.978 agentes, lo que refleja que el déficit es de 4.312 policías y el pie de fuerza de las municipales es de 5.614, con un faltante de 676, para sumar un déficit total de 4.988 funcionarios en todo el estado (39.68 %); “al profundizar en los municipios gobernados por alcaldes opositores existe un superávit de 546 funcionarios en comparación a una falta de 955 donde las autoridades locales son oficialistas. Al analizar el número de homicidios, de los 2.092 que ocurrieron el año pasado en todo el estado, 1.464 (69.98 %) sucedieron en localidades gobernadas por el oficialismo y 628 (30.01 %) donde los alcaldes son opositores. Además, de los 10 municipios más violentos en 9 las autoridades pertenecen al PSUV, incluyendo a Guaicaipuro que aparece en el tercer lugar con 163 homicidios. Por el contrario, entre los cinco municipios más seguros, en cuatro gobierna la oposición (El Hatillo, Carrizal, Chacao y Los Salias)”.
–Otro dato de este informe es que el número de homicidios ocurridos en los cuadrantes de seguridad asignados a Polimiranda por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz fue de 13.66 % respecto al 86.34 % donde actuaron la Guardia Nacional y las policías municipales, a pesar de la desproporción de funcionarios.
Además, -agrega Graffe- no es responsable atribuir la falta de funcionarios en Polimiranda a una política premeditada del gobernador Capriles porque es un fenómeno que se repite en todos los niveles y porque las razones están asociadas a lo poco atractivo que resulta ser policía tanto por los niveles de impunidad general del país como por la falta de dotación de herramientas adecuadas para combatir la delincuencia, y a la precariedad en la seguridad social de los funcionarios no sólo por los bajos salarios sino por las condiciones habitacionales y laborales en las que se ven obligados a trabajar.
Aclara que lo procedente no es politizar una problemática que incumbe a todos los órganos del Poder Público y para eso es necesario que se establezca una efectiva coordinación policial entre el gobierno nacional, el regional y el municipal “porque así como Capriles tiene su cuota de responsabilidad por ser gobernador del estado, también la tiene Maduro como presidente y los 21 alcaldes de Miranda”.gf
Daniel Murolo – [email protected] / @dmurolo
[box style=»4″]
Consulta digital
¿Cómo considera usted más efectivo superar el déficit de funcionarios policiales?, es la pregunta que esta semana realizamos a través de la página web www.diariolaregion.net. Para participar accede a nuestro sitio y selecciona cualquiera de las opciones:
- Promulgando la Ley de Seguridad Social del Policía
- Mejorando los sueldos de los uniformados
- Dotándolos de armas más potentes de las que manejan los antisociales
- Ofreciéndoles residencia alejada de los barrios
