El Jefe de la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, aseguró este lunes que no existen argumentos para mantener en prisión a los cinco policías metropolitanos que permanecen tras las rejas por los sucesos registrados en el país el 11 de abril de 2002.
“Nicolás: Marco Hurtado, Héctor Robain, Arube Pérez, Erasmo Bolívar y Luis Molina, prisioneros a raíz de los sucesos acaecidos en Venezuela el 11 de abril de 2002, sobre ellos te reitero nuevamente recordatorio acerca de lo irregular de su condena”, se lee en el inicio de la misiva consignada en el Palacio de Miraflores en la cual se solicita nuevamente audiencia a Maduro para establecer el diálogo nacional, concentrándose en esta oportunidad en el caso de estos funcionarios que desde diversos puntos de vista deben estar en libertad.
El diputado por el estado Lara y candidato a la reelección recordó las palabras del exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, emitidas durante el año 2013, cuando se refirió a la causa de estos venezolanos asegurando que se impartieron instrucciones para condenarlos, “lo que debe ameritar en tu condición de primer mandatario nacional una recopilación de todas y cada una de las irregularidades ventiladas pública, notoria y comunicacionalmente a los efectos de conocer veraz y en tiempo válido lo que realmente sucedió en torno a estos muchachos, hijos de los barrios de Caracas, a quienes se les condenó igualmente a sus familias ante la expresa negación de justicia cuando se ignoran los diversos elementos de convicción que liberan de responsabilidad a los citados ciudadanos”.
Zambrano agregó a la confesión de manipulación de elementos durante el juicio seguido a los metropolitanos, la realidad del tiempo cumplido en prisión que les permite a todas luces abandonar su cautiverio. “En la actualidad los funcionarios han cumplido con lo ordenado en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal a los fines de acceder al otorgamiento de medidas alternativas al cumplimiento de la pena como derecho referido en el artículo 272 constitucional.
Estos funcionarios venezolanos, humanos de carne y hueso, a quienes la ley les permite medidas alternativas obteniendo todas las calificaciones para este fin, no otorgarlas constituye una violación flagrante a los derechos humanos, desdibuja el concepto de equidad e igualdad ante la ley, convirtiéndolos en el objeto de una factura política, en el ensañamiento direccionado desde esferas del poder equivocados dentro de un marco de contradicciones que hace a los funcionarios víctimas de la inquisición de aquellos que no quieren entender la existencia de realidades distintas”.
De igual manera mencionó comunicaciones pasadas dirigidas a Maduro en las cuales también se ha referido al tema de estos policías, quienes son actualmente el único sostén del discurso oficial sobre abril de 2002. “El tiempo determinará el grado de injusticia cometido contra estos servidores públicos, sometidos a realidades inhóspitas durante largos años producto de la distorsión y creación de pruebas fabuladas para condenarlos como lo manifestó el exmagistrado Eladio Aponte Aponte”.
En esta nueva solicitud, el también Vicepresidente de AD mencionó la necesidad de permitir que los jóvenes que permanecen en prisión salgan al encuentro de sus familias, de las aulas “de la academia venezolana a construir el futuro de los tuyos y los míos”.
