Un alejamiento de Venezuela del proceso de paz con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que Bogotá avanza y Caracas acompaña, «sería muy grave», dijo en entrevista con la AFP un representante de la ONU al exponer sobre la crisis bilateral que ya deja «casi 10.000» colombianos damnificados.
«Un problema con Venezuela que pudiera afectar el compromiso que siempre ha tenido con el proceso (de paz) sería lamentable en un momento donde realmente parece que el proceso avanza», afirmó Fabrizio Hochschild, coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia, a propósito de un eventual impacto de la actual tensión diplomática en las pláticas con el principal grupo rebelde colombiano.
«En la medida en que hay tensión y retórica de conflagración entre los dos países, surgen preocupaciones de que, de una u otra manera, Venezuela pudiera alejarse» de los diálogos de paz, agregó.
El gobierno colombiano sostiene desde noviembre de 2012 en Cuba negociaciones con las Farc, para poner fin a medio siglo de conflicto armado. Esas conversaciones tienen el respaldo de Cuba y Noruega como garantes, y de Venezuela y Chile como acompañantes.
«Venezuela ha sido un actor muy importante en la vía de conseguir la paz en Colombia», puntualizó Hochschild sobre el «discreto» rol de ese país en los diálogos, los más fructíferos entre todos los intentos de pacificación con ese grupo insurgente en décadas.
La tensión entre Colombia y Venezuela estalló el 19 de agosto, después de que el presidente venezolano Nicolás Maduro cerrara parte de la frontera binacional y declarara luego el estado de excepción, tras un ataque a militares venezolanos durante un operativo anticontrabando que el mandatario atribuyó a «paramilitares colombianos».
La crisis escaló cuando ambos países llamaron a consultas a sus embajadores, en medio de denuncias de violaciones de derechos humanos de cientos de colombianos, deportados o que huían por temor a serlo.
Por la magnitud de la tragedia humanitaria, que según cifras del gobierno de Juan Manuel Santos deja un millar de deportados y más de 7.000 retornados, los expresidentes colombianos Álvaro Uribe (2002-2010) y Andrés Pastrana (1998-2002) han pedido la exclusión de Venezuela de las conversaciones con las Farc.
Para Hochschild, sin embargo, si Caracas se alejara de los diálogos de La Habana «sería muy grave».
«Se menosprecia la importancia de Venezuela en el proceso de paz», agregó Hochschild, quien el domingo viajó a la ciudad de Cúcuta, 600 km al noreste de Bogotá y epicentro del retorno de miles de colombianos que residían en Venezuela desde hacía años.
«Casi 10.000 obligados a volver»
Para el representante de la ONU, en la frontera que Colombia y Venezuela comparten «hay una crisis humanitaria de proporciones importantes».
«Lo más sensible es que hay casi 10.000 personas en una semana que han sido obligadas a volver a Colombia o han tomado esa decisión en las circunstancias actuales en Venezuela», dijo.
«Están volviendo a Colombia sin nada, a una zona que tiene sus propias dificultades y la presión de esos recién llegados no se puede responder fácilmente», afirmó.
Según Hochschild, un segundo problema es el impacto económico en una región «donde la mayoría vive de negocios tanto lícitos como ilícitos».
«Al cerrar la frontera, uno le está quitando a la mayoría de las personas que viven en la zona su medio de sustento», apuntó.
«Con el tiempo va a afectar la sobrevivencia de muchas personas», añadió.
Cúcuta, con unos 700.000 habitantes y estrechos vínculos con Venezuela, ya siente el impacto económico de la medida adoptada por Maduro, en especial ante la falta de gasolina venezolana vendida ilegalmente en Colombia.
Allí también se han visto afectadas las casas de cambio, que disminuyeron su actividad, así como los servicios de transporte. También se ha resentido el comercio de productos que los venezolanos iban a buscar a Colombia ante el desabastecimiento en su país.
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 km en la que ambos denuncian el accionar de grupos irregulares que lucran con el contrabando de combustible y otros productos subsidiados por el gobierno venezolano.
AFP
