En vilo. Así viven tanto dueños de medios de comunicación como periodistas criollos ante los constantes ataques de los cuales son víctimas. Los primeros, al estar atados de manos con la adquisición de insumos básicos como papel; y los segundos, que se ven limitados en lo que van a publicar para evitar herir susceptibilidades.
Así se desprende del más reciente informe sobre la libertad de expresión en Venezuela, difundido por Expresión Libre, comunicadores por la paz y la democracia, documento que destaca que el mes de agosto fue álgido debido a los diversos hechos suscitados y que comenzaron el 2 del pasado mes, cuando fue publicado en la prensa nacional un segundo cartel de citación a varios dueños de medios de comunicación privados señalados por una supuesta campaña difamatoria en contra del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello Rondón.
En contra de los acusados, entre quienes figuran Miguel Enrique Otero (El Nacional), Teodoro Petkoff (Tal Cual) y Alberto Federico Ravell (La Patilla), Mariana Otero, Oswaldo Karam García, Luis Carlos Serra Carmona, Juan Andrés Wallis Brandt, Omar José Delgado Lugo, Jorge Papatzikos Gianopulos, Vivianne de Lourdes Font Fernández, Beatriz Cecilia de Majo de Algisi, Carmen Elena Macía Fortique y Leopoldo Enrique López Gil (El Nacional, C.A), han sido decretadas medidas cautelares sustitutivas de libertad previstas en los numerales 3 y 4 del artículo 242 del Copp, en los que se establece la presentación cada ocho días ante el tribunal y la prohibición de salida del país sin la previa autorización del tribunal. Los acusados han denunciado un cúmulo de irregularidades durante este proceso.
Dos días después, el reportero gráfico del diario el Carabobeño, Andrews Abreu, resultó con un hematoma en una pierna tras ser agredido por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando tomaba imágenes de una situación irregular en la sede de Makro del municipio San Diego, estado Carabobo. Abreu colocó en su cuenta en Twitter: “Funcionario de la PNB me golpeó con un bastón extensivo en la pierna y me quitaron la cámara”.
El día dos de agosto el periodista del Diario La Región e Impacto Gianpierre Zamora, era golpeado por un grupo de simpatizantes del gobierno durante una entrega de bolsas de comida en el sector El Bosque de la ciudad de Los Teques quienes lo despojaron de sus equipos de trabajo y amenazaron de volverlo hacer si seguía apareciendo en eventos chavistas.
El 6 de agosto un nuevo hecho marcaba la agenda pública: La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció el inicio de un proceso administrativo sancionatorio al canal internacional CNN, por “presuntas falsas y graves informaciones” sobre intentos de saqueo en la ciudad de Maracay, estado Aragua”.
No cesaron ataques
Tras varios días de aparente calma, el 18, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que desalojaban a varias familias en el sector Brisas del Hipódromo en Valencia, Carabobo, arremetieron contra los periodistas Lisoleth García (Venevisión); Ruth Lara Castillo (Televen); Tibisay Romero (El Nacional); Kristian Rodríguez (TV Venezuela); Ketherine Ledo (Notitarde); los reporteros gráficos Carlos Bermúdez (Venevisión), René Arteaga (Televen), Robert Mogollón (Notitarde) y Rafael Freites (El Carabobeño). Igualmente fueron agredidos Carlos Sulbarán, asistente de Venevisión, Ángel Yamarte, chofer de El Carabobeño y el conductor de vehículo de Notitarde.
“El 25 de agosto los reporteros que cubren la fuente de sucesos fueron impedidos de realizar su trabajo por funcionarios de la medicatura forense adscritos al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). Los reporteros fueron retirados de las inmediaciones de la morgue de Bello Monte, uno de los pocos sitios donde pueden obtener información de los familiares de las víctimas de la violencia que sacude al país. Supuestamente, la orden fue dada por la directora del Senamecf, quien encargó de su cumplimiento al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)”, reseña el documento de Expresión Libre.
Dos días después de la situación que fue ventilada a través de las redes sociales de los comunicadores afectados, funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro agredieron a los reporteros Miguel Ángel Morales y Alejandro Lazo, del Diario El Regional, quienes realizaban la cobertura de una situación de secuestro en una farmacia de Acarigua, estado Portuguesa. Estos comunicadores fueron golpeados y despojados de sus equipos por un funcionario de la policía estadal. Reporteros de Universal Televisión también habrían sido agredidos por el Sebin.
Exigiendo garantías
Ante este tipo de situaciones, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Tinedo Guía, ha sido reiterativo en su exigencia de garantías para ejercer el oficio así como el cese a las agresiones, sin que hasta la fecha se obtengan resultados favorables.
Johana Rodríguez – [email protected]/@michellejrl
