“Nunca se pudo demostrar que hubo una rebelión, solo le imputaron instigación a la rebelión y resulta que en el juicio no se presentaron los instigados. Las únicas pruebas son unos cruces de llamadas. Hicieron algo aún más antijurídico. Para la sentencia solo dijeron que se comunicaban entre ellos para derrocar el Gobierno, el Juzgado solo tomo inferencias”, sentencio Carlos Javier Salazar, hermano y abogado defensor de la capitana Laided Salazar, quien lleva más de año y medio detenida al ser acusada de integrar un plan en contra del presidente Maduro.
Salazar señaló que desde el 27 de mayo Salazar está aislada en el Centro Penitenciario de Centro Occidente «David Viloria», ubicado en Barquisimeto y conocido como cárcel de Uribana. “Se le está violando el derecho directo a mi sobrino a ver a su madre. Hemos introducido peticiones para que el Defensor del Pueblo medie y se le den condiciones de reclusión dignas según su condición de militar porque ella no tiene por qué estar en una cárcel común”, dijo.
La directora del penal, Zuly Dávila, dijo a los familiares que “está aislada por medidas de seguridad, porque es militar y no entendemos por qué está detenida en una cárcel común si es militar”, dijo.
A la capitana Salazar no le permiten tener libros, fotos ni cartas. No ha recibido visitas de su hijo ni de otros familiares. Primero fue trasladada de Ramo Verde al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y de ahí la llevaron a Uribana el 26 de mayo. Fue condenada a ocho años y siete meses por instigación a la rebelión y faltas al decoro militar. “En este caso no se incautaron armas y mucho menos a mi hermana que era un odontóloga asimilada”.
Su abogado y hermano, Carlos Javier Salazar, señaló que se han enviado varias solicitudes para que Laided sea trasladada a la cárcel de Ramo Verde. «Ella no debería estar en una cárcel común. Debería estar en una instalación militar», añadió.
Salazar fue detenida en 2014 por presuntamente involucrarse con otros oficiales de la aviación en un plan golpista contra el presidente Nicolás Maduro.
El pasado 24 de febrero de 2015 envió una contundente carta donde denuncia los atropellos cometidos por el Gobierno contra la oposición.
Salazar describió que Laided se encuentra «muy flaca y bastante demacrada». Destacó que la comida que le dan en el lugar es mala y poca. “Hay una condición general de que no haya alimentos en este penal, de hecho aumentaron la frecuencia de las visitas para que los familiares le lleven comida pero a Laided no la dejan ver ni llevarle comida”, dijo.
Aseguró que es la única mujer militar que se encuentra en una prisión de este tipo y resaltó que el resto de los funcionarios presos están en centros de reclusión adecuados. «Además, ella es odontóloga asimilada», apuntó su hermano.
El abogado indicó que la boleta de traslado de Laided «nunca apareció» y no se tiene conocimiento sobre quién lo ordenó. «La Corte Marcial del Consejo de Guerra Accidental de Caracas fue constituida especialmente para juzgar a estos militares (acusados de rebelarse contra el Gobierno). El presidente de esa corte mandó un oficio a Uribana con urgencia y nunca respondieron», explicó.
Juzgada con tres testigos
El abogado señaló que de 66 testigos el tribunal solo valoró tres. «Esos tres son militares activos patriotas cooperantes», dijo. Sostuvo que los testimonios estuvieron fundamentados en otros testigos de forma referencial.
«La otra prueba era el cruce de llamadas entre ellos sin el contenido de las mismas. Sin transacción de textos», recalcó.
Laided fue encarcelada cuando trabajaba con el general Oswaldo Hernández en la Academia Técnica de la Aviación Militar, Hernández está recluido en la prisión militar de Santa Ana del Táchira por estar involucrado en la operación «Golpe Azul». El abogado narró que el general Hernández organizó una reunión en su casa, donde dio algunos puntos de vista políticos. En el lugar se encontraban los tres testigos que avaló el tribunal.
“Hubo más de 90 testigos que señalaban que hubo reuniones en casa de un general, donde estos militares y otra personas más que no están detenidas estaban planeando que iban a bombardear y a tomar los puestos. Aquí no importa dañarle la vida a nueve familias. Da lástima que se utilice el Poder Judicial para esto. El Poder Judicial sabe que ellos no tiene nada que ver con los hechos de febrero 2012, ningún testigo dijo que Laided los había instigado y si los testigos no lo dijeron cómo se condena a Laided a por instigación”, dijo.
Agregó que a la reclusa y a su hijo se le violentan derechos humanos fundamentales; “la acusan injustamente de algo que no tiene pie ni cabeza, de instigación a la rebelión. A los mismos testigos del juicio les preguntaron si fueron instigados y respondieron que no”,cuestionó.
Hizo un llamado al Defensor del Pueblo para acelerar el traslado, y aseguró que le ha enviado al funcionario unas 4 notificaciones haciendo esta solicitud. “Sus compañeros tienen visitas todos los fines de semana y a ella le permiten una llamada familiar solo una vez a la semana. “Al Defensor, al ministro Padrino López, al presidente de la República y a todo el que tiene que ver les pedimos que por favor resuelvan esta situación”, destacó.gf
Pola Del Giudice Ortiz
[email protected]/@polita26
