Cuando durante la instalación de la Asamblea Nacional su recién juramentado presidente Henry Ramos Allup anunció que uno de los ejes de acción de la nueva mayoría parlamentaria sería procurar una salida constitucional a la actual crisis en “seis meses”, muchos creyeron que solo se trataba de una estrategia política para que el Gobierno los dejara desempeñar sus facultades sin mayores inconvenientes.
Sin embargo, para varios expertos el aceleramiento de la crisis, la resistencia del gobierno a tomar medidas que impliquen un cambio profundo del modelo económico de planificación centralizada, y la utilización del Tribunal Supremo de Justicia para usurpar funciones que le son propias a la Asamblea Nacional, han servido como argumento para que el debate en la Unidad no sea si se quiere o no salir de Maduro sino cuándo y cómo debido a que dependiendo del procedimiento que reúna el mayor consenso se podrían implementar el referendo revocatorio, la enmienda constitucional o una Asamblea Nacional Constituyente, y cuya complejidad y duración de cada mecanismo es parte de la decisión final.
Las otras dos -agrega el politólogo Sergio Graffe- son la reforma constitucional y la renuncia al cargo por parte del presidente Maduro, aunque éstas se descartan de plano porque para la reforma no hay votos suficientes de la oposición en la AN (se necesitan 111 votos y tiene 109) y la renuncia es un acto voluntario que pareciera que Maduro no tiene considerado.
El artículo 72 de la Constitución Nacional establece que todos los cargos de elección popular son revocables y la solicitud debe hacerla el 20 % de los electores después de cumplida la mitad del mandato del funcionario electo; para que sea válido es necesario que exista una participación electoral mayor al 25 % de los inscritos en el Registro Electoral y que los votos a favor del revocatorio sean superiores a los que obtuvo quien se pretende revocar.
En el caso del actual presidente de la República, la mitad del periodo comienza a partir del próximo 13 de abril (fue electo el 13 de abril del 2013) y en un universo electoral nacional de unos 20 millones de electores (número redondo), harían falta 4 millones de solicitantes; para que sea válido deben participar al menos 5 millones de electores en el revocatorio y que los votos a favor de que Maduro salga del cargo por esta vía sean superiores a los 7.587.579 votos con los que fue electo; los 7.707.422 votos que sacó la Unidad en las pasadas parlamentarias son suficientes para cubrir todas estas exigencias numéricas pero es probable que existan condiciones para un apoyo mayor debido a que en los últimos meses ha crecido la impopularidad presidencial.
Para la ruta de la enmienda el artículo 340 establece que la puede solicitar 15 % de los electores (3 millones), el 30 % de los integrantes de la Asamblea Nacional (50 diputados) o el presidente Maduro en Consejo de Ministros (descartado); como la enmienda no debe modificar la estructura fundamental de la Constitución, es probable que el TSJ determine que en el caso de la propuesta de reducción del mandato presidencial a cuatro años o que no haya reelección indefinida sea “inconstitucional”, aunque ya fue aprobada esta figura en el 2007; sin embargo, existen condiciones para activarla porque también debe ser sometida a un referendo aprobatorio y hay suficiente apoyo para que sea efectiva.
Para una Asamblea Nacional Constituyente el artículo 347 de la Carta Magna exige que la puede convocar el Presidente en Consejos de Ministros (descartado), las 2/3 partes de la Asamblea Nacional (improbable), el 15% de los electores (posible) o el 66.6 % de los Concejos Municipales en un cabildo nacional (inviable); por tanto, es un mecanismo que pasaría por un consenso nacional y eso no está planteado por la cantidad de “filtros” necesarios.
“La quinta vía, la más expedita y menos traumática para el país, sería la renuncia voluntaria del presidente de la República a su cargo, como lo contempla el artículo 233 constitucional porque el colapso actual amerita una salida urgente a la crisis económica, social y política por la que atraviesa Venezuela y si el Presidente y la élite gobernante insisten en mantenerse en el poder, no sería sorpresivo que ocurriera una explosión social porque la inflación, escasez, inseguridad o las fallas generalizadas en salud, electricidad o agua potable tienen a todos los venezolanos al borde de buscar una salida distinta a los canales regulares establecidos en la Constitución Nacional, y eso no es conveniente para nadie”, explicó Graffe.
–En todo caso, desde la Asamblea Nacional es factible promover una salida constitucional a la grave crisis actual y cualquier mecanismo que se apruebe no se trataría de un Golpe de Estado porque todos deben ser aprobados en consulta popular y están perfectamente definidos en la Constitución Nacional, incluyendo la renuncia presidencial.gf
Daniel Murolo – [email protected] / @dmurolo
