La Justicia chilena liberó a más de 1.461 presos en las ciudades de Santiago, Valparaíso e Iquique, como solución a una sobrepoblación carcelaria que en el país alcanza un 70%, en una medida calificada como «grave» este lunes por el gobierno.
A través de sucesivos comunicados de prensa, el Poder Judicial confirmó este lunes que se había otorgado el beneficio de libertad condicional a 568 presos de Santiago, 788 de la cuidad de Valparaíso (centro) y 105 de Iquique (norte).
El número de personas «puestas en libertad es una cárcel que se abrió y eso es grave», sostuvo ministra de Justicia, Javiera Blanco.
En Santiago, los liberados corresponden al 32,1% de las solicitudes efectuadas. En Valparaíso (120 km al oeste de Santiago) se acogieron 788 peticiones de libertad condicional y se rechazaron 87.
De acuerdo a la ministra de Justicia, normalmente en esa jurisdicción se otorgaban entre un 5% y un 10% de las peticiones.
El vocero del Poder Judicial, Milton Juica, explicó en rueda de prensa que la medida se ajustó a las nuevas normativas sobre libertad condicional aprobadas en 2013, y que en todos los casos se ajustaron a los «criterios técnicos».
«Esto es una función que se le otorgó a la justicia para dar una solución a la sobrepoblación carcelaria», explicó Juica.
En 2012, durante el gobierno de Sebastián Piñera, el Congreso chileno aprobó una ley de indulto general que benefició a unos 6.000 reos con penas menores, también para tratar de descongestionar el hacinamiento en las cárceles.
Entre los beneficiados, figuraban 1.066 extranjeros -la mitad de ellos bolivianos-, expulsados meses después a sus países de origen.
El indulto excluyó a aquellos condenados por delitos de secuestro, violaciones y homicidios.
Con una población penal de unos 53.000 reclusos, Chile cuenta con una tasa de hacinamiento que supera en 70% la capacidad prevista, con condiciones de vida denigrantes para los presos, según han denunciado distintas autoridades.
AFP
