Para el politólogo Sergio Graffe, las cuatro rectoras oficialistas del CNE tomaron cinco decisiones cruciales que pusieron en alto riesgo la validación del 1% de las firmas necesarias para constituir la agrupación de ciudadanos autorizada para solicitar el referendo revocatorio al presidente Maduro.
“Lo más grave es que tres de ellas no están establecidas en el artículo 72 de la Constitucion, que establece las condiciones y requisitos para activar esta figura jurídico-política ni en las Normas para Regular la Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular, aprobadas en el año 2007”; dijo.
La primera está relacionada con la “operación rebanada” que aplicó a las 1.957.779 firmas originales que fueron consignadas por la Mesa de La Unidad Democrática (MUD), cuyo resultado fue la anulación de 605.727 de las cuales 526.365 (86.8 %) fueron sacrificadas sin ninguna justificación técnica ni legal, con lo cual 1.352.052 pudieron sobrevivir para ser validadas del 20 al 24 de junio, “bajo condiciones de dificultad extrema”.
Otra decisión –agregó Graffe- está vinculada con el uso de los lapsos máximos en cada uno de los pasos realizados por la MUD en esta primera fase con el objetivo de alargar los tiempos para que la convocatoria se realice el próximo año y no en 2016, desconociendo que una vez cumplidos los requisitos de un paso se puede pasar al otro aunque el lapso no haya vencido, como lo explica la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos; además, esta estrategia de obstrucción la complementó con una “operación morrocoy” implementada durante los cinco días que duró el proceso de validación del 1 %, con la apertura tardía de los lugares de validación, la paralización del proceso por cualquier cosa sin importancia, o el retraso de los operadores del CNE en colocar las huellas en las captahuellas.
Sin embargo, la mayor gravedad a juicio del politologo se observó en la aplicación de criterios que no están en las normas citadas, como el hecho de exigir que el 1 % para la recolección y validación debía ser por cada estado sin considerar que por tratarse de un revocatorio presidencial la circunscripción es nacional y por tanto los ciudadanos podían firmar en cualquier parte del país; esto trajo como efecto que estados como Nueva Esparta cumplieron esa meta el último día de validación debido a que fue declarado en emergencia por la MUD y tuvieron que asistir varios líderes a la isla para resolver la situación.
La cuarta decisión riesgosa fue que aún conociendo que las firmas para la validación eran 1.352.052, sólo fueron habilitadas 300 captahuellas de las 40.000 que dispone el CNE y que usa en cualquier elección, “lo que generó que la capacidad de validación se redujera a menos de la mitad, al punto de que solo llegaron a validarse 409.393 firmas, lo que representa el 30.27 % del total, pero la mayoría de los firmantes no pudo ejercer su derecho por la magnitud de las colas y el tiempo consumido para validar”.
La quinta decisión y una de las más peligrosas fue que las 300 captahuellas fueron distribuidas de acuerdo a un criterio “tramposo y fraudulento” de “municipalización” porque en lugar de colocarlas en los municipios con mayor peso electoral y de fácil acceso, hicieron todo lo contrario “originando que el traslado de los firmantes a los centros de validación se convirtiera en un suplicio para los ciudadanos, como el caso de Pedro Gual, en Miranda, que es el municipio más lejano de las grandes concentraciones humanas del estado y que a pesar de que los firmantes habilitados no llegaban a 1.000 fueron colocadas 3 captahuellas, pero no colocaron ni en Baruta, Chacao, Plaza, Zamora, Los Salias y Carrizal; sólo funcionó una en el municipio Sucre, que es el que tiene más electores de Miranda”.
–En todo caso, a pesar de todas estas trabas aplicadas desde el CNE, lo relevante es que fue cubierta en 2.1 % la meta del 1% necesario para que la MUD quede autorizada a iniciar el siguiente trámite como es la recolección del 20 % de firmas para que el CNE convoque el revocatorio presidencial; aunque la norma sobre esta materia le otorga 20 días hábiles al órgano electoral para que se pronuncie si fueron cumplidos los requisitos de validación, no hay forma de que puedan anular ninguna de las 409.393 voluntades que se acaban de expresar entre el 20 y el 24 de junio porque esas rúbricas ya pasaron el primer filtro de habilitación y las captahuellas en sí mismas son un control efectivo debido a que si los datos de un firmante estaban en la data podía validar; por el contrario, si no aparecía, automáticamente quedaba descartado para validar, lo cual indica que estos 20 días hábiles siguientes son innecesarios porque las máquinas ya hicieron el proceso de auditoría en caliente.
Asegura que una de las lecturas más importantes sobre la actitud de las cuatro rectoras oficialistas es que no han facilitado el derecho político a la participación sino que lo han obstruido al nivel de que pareciera que están tomando decisiones no solo para retrasarlo sino para no convocarlo y esta irregularidad constituye un precedente dañino para la solicitud de futuros referendos, porque anula la utilidad de que los ciudadanos puedan evaluar a sus gobernantes a la mitad de su mandato; especialmente en este caso, cuando la revocatoria a Maduro se ha convertido en una necesidad social y es por esta razón que los deseos de cambio del pueblo venezolano son la mayor motivación para superar cualquier obstáculo que le presente el CNE o el propio gobierno y en la próxima fase se volverá a manifestar con los 4 millones de firmas necesarias para solicitar y activar el revocatorio presidencial.gf
Daniel [email protected] / @dmurolo
