Las organizaciones sociales repudiaron en su declaración todos los intentos de algunos Gobiernos de los países en quebrar la institucionalidad del Mercosur
El apoyo a la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, al Gobierno de Venezuela y el llamado a una mayor integración regional centralizaron la declaración final de la XX Cumbre Social del Mercosur, emitida este sábado en Montevideo tras una reunión de dos días.
La vigésima edición de esta cumbre emplazó desde el jueves en Montevideo a las organizaciones sociales y sindicales del bloque, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, con Bolivia en proceso de adhesión.
La cita llegó precedida por la polémica generada respecto del traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur de Uruguay a Venezuela, la cual se hará en una cumbre de cancilleres y no de jefes de Estado, según anunciaron este lunes los ministros de Exteriores de Argentina y Uruguay, Susana Malcorra y Rodolfo Nin Novoa, respectivamente.
Ello causó la posterior queja del canciller paraguayo, Eladio Loizaga, quien lamentó que sus iguales de Uruguay y Argentina anunciaran esa disposición sin consultar con los demás países del bloque y mostró el desacuerdo de su país a que Venezuela tome el mando temporal del Mercosur.
En ese sentido, las organizaciones sociales repudiaron en su declaración «todos los intentos de algunos Gobiernos de los países en quebrar la institucionalidad del Mercosur oponiéndose al traspaso de la presidencia pro tempore de Venezuela».
Asimismo, exigieron «respeto al pueblo venezolano y a su Gobierno legitimo, democrático y constitucional encabezado por el presidente obrero Nicolás Maduro» y demandaron «el cese del bloqueo económico y financiero contra el pueblo venezolano».
En acto simbólico, el representante del Gobierno uruguayo ante las Cumbres Sociales, Federico Gomensoro, hizo el traspaso del mando de esta instancia a la delegación caribeña, y llamó a «respetar el derecho internacional».
Situación Rousseff
El otro asunto que más párrafos ocupa de la declaración de la Cumbre es la situación de la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, que atraviesa un juicio político y está siendo sustituida por quien era su vicepresidente, Michel Temer.
Los movimientos sociales consideraron que esto es «un ataque» a la democracia brasileña «sin precedentes» y reivindicaron que «los Gobiernos de la región no reconozcan el Gobierno interino del golpista Michel Temer en Brasil».
La integración de la región en los aspectos sociales, comerciales y económicos en una agenda externa del Mercosur es otro de los puntos fundamentales de la declaración.
El escrito reconoce que el proceso de integración del Mercosur tiene asignaturas pendientes y que esas deficiencias se están usando para destruirlo y «suplantarlo con un modelo de libre comercio» que, en su opinión, solo traerá más miseria y desigualdad.
Habitualmente, la Cumbre Social antecede a la de jefes de Estado, pero si finalmente esta no tiene lugar las conclusiones se harán llegar a los cancilleres cuando se reúnan para el traspaso de la pro tempore.
