Admitió que la decisión de la justicia antiterrorista de liberar en marzo a uno de los dos atacantes de la iglesia de Saint Etienne de Rouvray (noroeste) fue un «fracaso»
El primer ministro francés reconoció el viernes un «fracaso» del sistema judicial tras el asesinato de un cura en una iglesia y anunció que se planteaba prohibir temporalmente la financiación extranjera de mezquitas, tras los últimos atentados en el país.
A pesar de que la crítica de Manuel Valls no fuera dirigida directamente hacia el gobierno, su declaración contrasta con la reacción que tuvo el gabinete después de la matanza en Niza (sur) el 14 de julio, que dejó 84 muertos.
En aquel momento, el gobierno rechazó reconocer la menor falla en el dispositivo de seguridad a pesar de las airadas críticas de la derecha.
El primer ministro admitió en una entrevista con el diario francés Le Monde que la decisión de la justicia antiterrorista de liberar en marzo a uno de los dos atacantes de la iglesia de Saint Etienne de Rouvray (noroeste) fue un «fracaso». «Hay que reconocerlo», dijo.
«Esto debe llevar a los jueces a un enfoque diferente, caso por caso, teniendo en cuenta las prácticas de disimulo de los yihadistas», subrayó.
Valls afirmó que no será él «quien, en menoscabo de todo equilibrio de poderes, caiga en la facilidad de señalar a los jueces como responsables del acto terrorista».
Después de los atentados yihadistas de julio, en un país que ya fue víctima de dos ataques en 2015 que causaron 147 muertos en enero y noviembre, el primer ministro se mostró favorable a prohibir la financiación extranjera de las mezquitas.
Rédito político
Adel Kermiche, uno de los yihadistas que atacaron una iglesia el martes en Francia, estuvo en prisión durante 10 meses a la espera de juicio por haber intentado en dos ocasiones viajar a Siria.
Este joven de 19 años fue liberado en marzo de este año y puesto bajo arresto domiciliario con un brazalete electrónico. La fiscalía había apelado, en vano, la decisión de los jueces de ponerlo en libertad condicional.
Esto provocó una oleada de críticas desde la derecha y la ultraderecha y varios dirigentes políticos exigen la dimisión del primer ministro y del titular del Interior, Bernard Cazeneuve.
