Las empresas de alimentos Biangimar, C.A. y Avicomar C.A. ubicadas en la zona industrial II fueron supervirsadas por Superintendente Nacional Para La Defensa De Los Derechos Socioeconómicos, William Contreras
La autoridad destacó que al momento del primer abordaje la Contraloría Sanitaria ordenó el cierre del establecimiento por 120 horas, por los altos niveles de insalubridad presentados en el loca
50 toneladas de alimentos descompuestos fueron decomisados en las empresas de alimentos Biangimar, C.A. y Avicomar C.A. ubicadas en la zona industrial II del sector El Tambor por superintendente nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos, William Contreras.
“Estamos en presencia de un acto de acaparamiento de productos desde el mes de enero, pero también debemos resaltar el hecho criminal de alterar con químicos esta mercancía y pretenderla vender atentando contra la salud del pueblo venezolano”, señaló Contreras.
La autoridad destacó que al momento del primer abordaje la Contraloría Sanitaria ordenó el cierre del establecimiento por 120 horas, por los altos niveles de insalubridad presentados en el local, donde además se detectó la manipulación y alteración con químicos de los alimentos almacenados en las cavas refrigeradoras.
“Encontramos 19 mil 458 kilos de pescado los cuales no están aptos para el consumo humano y 37 mil 781 kilos de pollo y gallina los cuales estamos esperando los resultados de laboratorio por parte de la Contraloría Sanitaria”, acotó la autoridad.
Especulación y evasión fiscal mediante “clientes V.I.P.”
Contreras detalló que al revisar la operatividad comercial de las empresas se detectó la venta a clientes denominados V.I.P. para evadir la regulación establecidas por la Sundde.
“La empresa distribuía el pollo a clientes denominados V.I.P. que son empresas prestadoras de servicio de catering, con altos márgenes de sobreprecio, recordamos que el kilo de pollo entero está regulado a Bs 850 y ellos lo vendían a Bs 2.125, generando un margen especulativo de 150%”.
Agregó que los dueños de esta empresa tienen además granjas de cría de gallina, pollo, centros de distribución, y establecimientos comerciales en el Mercado Mayor de Coche.
En relación a los delitos socioeconómicos penados por la Ley Orgánica de Precios Justos, cometidos por las empresas, señaló acaparamiento (art. 52), boicot (art. 53), desestabilización económica (art. 54), especulación (art. 49) así como “violentar el derecho a la alimentación y poner en peligro la salud del pueblo no solo son delitos económicos, también son delitos de derechos humanos”.
El procedimiento continúa en proceso de investigación toda vez que sean entregados los resultados de laboratorio de los exámenes hechos a la carne del pollo. “Aquí seguramente habrán detenidos y severas sanciones. Hay que denunciar los mecanismos de la guerra económica y del cómo operan”, aseguró.
Prensa Sundde
