El presidente Mauricio Macri aprobó polémicas medidas que endurecen el control migratorio en Argentina y aceleran los procesos de expulsión en caso de delitos y de ingreso clandestino de extranjeros, a través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial.
El gobierno de centroderecha justificó en «recientes hechos de criminalidad organizada» la nueva reglamentación, que también busca acelerar las deportaciones, sin requerir una condena firme, a través de un «procesimiento migratorio especial de carácter sumarísimo», de no más de dos meses.
Las autoridades alegan que actualmente concretar órdenes de expulsión «puede llegar a siete años de tramitación».
El decreto firmado por Macri y todo su gabinete precisa que el procedimiento sumarísimo se aplicará a extranjeros involucrados en hechos delictivos y «a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional».
«Ponemos límites a quienes vienen a delinquir. Trataremos de expulsarlos. Antes había controles pero no había una política clara del Poder Ejecutivo en este tema», declaró el director de Migraciones, Horacio García, al canal Todo Noticias.
Negó sin embargo que Argentina, país de tradición inmigratoria, esté cerrando sus fronteras y aseguró que «215.000 personas ingresaron en 2016 y obtuvieron su radicación».
La nueva norma establece que no podrán ingresar a Argentina personas que presenten documentación falsa u omitan informar de antecedentes penales por delitos graves, que van desde tráfico de armas y personas hasta «actividades terroristas». También pueden cancelarse las residencias otorgadas en el pasado «cualquiera fuese su antigüedad».
AFP