Fracasó este jueves la firma de un acuerdo entre el gobierno boliviano y un poderoso sindicato de cocaleros, sobre una futura ley sobre las extensiones de cultivos de la planta, y el poder Ejecutivo expresó su temor por un rebrote de violencia.
Los ministros de Interior, Carlos Romero, y de Desarrollo Rural, César Cocarico, y dirigentes del sindicato de cocaleros de Yungas estuvieron negociando sobre una ley que elevaría los cultivos legales de coca de 12.000 hectáreas (según una norma de la década del 80 del siglo pasado) a «22.000 hectáreas».
El ministro Cocarico explicó luego que de esas 22.000 hectáreas, «en La Paz (región de Yungas) habrá una superficie total de hasta 14.300 hectáreas y en el departamento de Cochabamba (región del Chapare) de una superficie de hasta 7.700 hectáreas».
En la actualidad, Bolivia tiene 20.200 hectáreas cultivadas, según la ONU, y ejecuta anualmente planes para eliminar plantíos.
Los cocaleros de Yungas, en una reunión pública, rechazaron el acuerdo y quemaron los papeles rubricados, así como fotografías del presidente Evo Morales, con quien han mantenido en el último decenio una leal alianza política, según imágenes de varios canales de televisión.
El rechazo radica en que Yungas se opone a que se legalicen los cultivos en el Chapare, alegando que la mayoría de su producción es usada para fabricar cocaína.
AFP
