MADRID. Lo que sus opositores llevaban años deseando se producirá el miércoles: el presidente del Gobierno español Mariano Rajoy deberá comparecer ante un juzgado, aunque sólo como testigo, en un macro juicio por prácticas corruptas en su partido.
Hasta esa fecha ningún otro jefe de gobierno en ejercicio había sido interrogado por un tribunal. Dos de sus antecesores, Adolfo Suárez y Felipe González sí lo fueron, pero ya estando fuera del poder.
Pero aunque este licenciado en Derecho de 62 años solo sea testigo y no imputado, tampoco podrá evitar los abucheos que suelen darse a la entrada de los juicios por corrupción en España, donde decenas de manifestantes gritan «¡chorizos!» a los encausados.
«El impacto en algunos medios de comunicación ese día y los siguientes puede ser brutal», resumía el domingo una editorialista del diario conservador ABC, Curri Valenzuela.
La corrupción, aunque atañe a todos los partidos, ha afectado especialmente al Partido Popular (conservador) de Mariano Rajoy, hasta hacerle perder su mayoría absoluta en las elecciones de 2015.
El Primer ministro testificará a partir de las 10h00 (08h00 GMT) en unas dependencias de la Audiencia nacional, un alto tribunal especializado en casos políticos y de terrorismo – en la localidad de San Fernando de Henares, cerca de Madrid.
Su comparecencia, que puede durar varias horas e incluso todo el día, ha sido solicitada por la Asociación de abogados demócratas por Europa (ADADE), cercana al opositor Partido socialista.
Una trama tentacular
El juicio, que se desarrolla desde principios de octubre de 2016, gira en torno a la tentacular trama Gürtel, supuestamente ideada por un empresario y ex-miembro del PP, Francisco Correa, actualmente procesado.
Éste reconoció que durante años practicó sobornos y hacía regalos a funcionarios electos del Partido Popular para conseguir a empresas «amigas» adjudicaciones de contratos.
«Quedaba con ellos y les daba el sobre», dijo durante su declaración como acusado en el juicio.
Como parte de la investigación, 37 personas, entre ellas varios que ejercieron puestos electivos bajo los colores del PP, han sido juzgadas por su presunta participación en la red, que desvió fondos públicos entre 1999 y 2005. AFP