La fiscal general destituida por la Asamblea Constituyente de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, denunció que el Gobierno de Nicolás Maduro extorsionó a funcionarios para que votaran a favor de esa instancia, lo que son, para ella, «prácticas salidas de los regímenes de Hitler y Stalin».
En una entrevista que publica hoy el diario chileno El Mercurio, Ortega criticó el proceso de elección de la Constituyente e insistió en que en el Ministerio Público que ella dirigía hay denuncias desde 25 instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio del Despacho de la Presidencia, en las que «funcionarios denunciaron que los estaban amenazando con que los iban a echar si no votaban por la Constituyente».
«Las personas fueron obligadas, extorsionadas, y eso es una manera de esclavizar al pueblo», lamentó Ortega.
Anunció que por ello está trabajando en un sitio web donde colocará «opiniones e informaciones de los asuntos penales que no se investigan y de lo que está ocurriendo en el Ministerio Público, donde varias investigaciones corren peligro, porque están amenazando a los fiscales para que dicten sobreseimientos», advirtió.
Respecto de su destitución, Ortega, quien estuvo al frente de la Fiscalía venezolana durante siete años (2008-2014) y ratificada para un período igual en 2014 antes de ser relevada el pasado 5 de agosto, aseguró que su cese «es un capricho de Maduro y Tarek William Saab», designado en su lugar.
«No es que la persona que ocupa un cargo va a ser removida de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley, sino que es removida por caprichos», reiteró.
A su juicio, esa decisión es un indicativo «de que se va consolidando una dictadura» y que ha visto «con sorpresa» como a los alcaldes «que no están sumisos al gobierno» los han ido separando de sus cargos, inhabilitado y encarcelado. «Este es un gobierno totalitario», reprobó.
Ortega señaló que la Asamblea no tiene autoridad para despedirla y que no puede estar por encima de la Constitución, «porque está vigente» y la Constituyente solo puede redactar una nueva Constitución o reformar la estructura del Estado y el ordenamiento jurídico.
«Pero esa Constituyente destituyó a la fiscal general, una cosa absurda que desconozco», agregó.
Pese a no ser oficialmente la fiscal general de Venezuela, más de la mitad de los países de América Latina la siguen reconociendo como tal, algo que para ella provoca «un grave problema para el país».
«Si no hay reconocimiento del Ministerio Público o de quien está al frente la fluidez de los mecanismos de cooperación, que sirven para combatir la delincuencia organizada, las drogas y el terrorismo, se estancan», afirmó.
«Vamos a tener un gravísimo problema, porque estas autoridades ilegítimas e ilegales van a ser un obstáculo para las investigaciones», añadió.
Por ello, Ortega, quien no reconoce la decisión de la Constituyente y dice seguir siendo la fiscal general, apuntó que seguirá haciendo su trabajo y que si no puede en la vía interna acudirá a organismos internacionales.
«No descarto acudir a La Haya, porque tengo un cúmulo de evidencias que me permitirían acudir a denunciar graves violaciones a los derechos humanos», declaró.
Entre las evidencias la fiscal citó «la violación a los derechos humanos» que son no permitir elecciones, no permitir a los funcionarios ejercer sus cargos «e inventar trampas para separarlos de sus puestos».
«Pero sobre todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, la represión contra los venezolanos, el uso desproporcionado de armas de fuego y bombas lacrimógenas y el procesamiento a civiles por parte de tribunales militares», finalizó. EFE
