El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, instaló hoy una comisión especial que investigará el operativo militar que el lunes terminó con la muerte del policía sublevado contra el Gobierno Óscar Pérez y otros seis “terroristas” según el Ejecutivo.
Durante la conformación de este equipo parlamentario, encabezado por la presidenta de la Comisión Política Interior, Delsa Solórzano, estuvieron presentes varios de los familiares de los fallecidos.
El ministro de Interior, Néstor Reverol, informó ayer que “pese a todos los intentos de lograr una rendición pacífica y negociada” el “grupo terrorista fuertemente armado inició de manera artera, malintencionada, un enfrentamiento con los organismos de seguridad actuante, generando lamentablemente 2 víctimas fatales de las fuerzas de seguridad”.
En esta sesión de la comisión, el diputado opositor César Alonso pidió a Reverol “algún elemento probatorio (…) incontrovertible” de que Pérez “depuso la actitud de entregarse” y que retomó las armas para enfrentar a las fuerzas de seguridad que justificara el violento operativo militar.
“Eso se tiene que presentar ante la opinión pública, porque si no lo hacen simplemente se corrobora de manera clara, contundente, que estamos observando un ajusticiamiento, una masacre”, dijo Alonso.
El integrante de la policía científica Óscar Pérez, de 36 años, se dio a conocer durante las manifestaciones antigubernamentales de mediados de 2017 cuando con un helicóptero de este cuerpo de seguridad sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia contra el que disparó y lanzó granadas.
Después de esta acción que dejó algunos daños materiales y ya en la clandestinidad, hace unas semanas asaltó un cuartel militar del que se llevó armamento, un asalto que tampoco dejó víctimas fatales.
También grabó una serie de videos que colgó en las redes sociales en los que pedía un alzamiento popular contra el Gobierno chavista.
La acción policial contra Pérez y su equipo ha sido criticada por ONGs pro derechos humanos que aseguran que el “estado no agotó la vía de la resolución pacífica y propició desenlace con muertes y heridos en operativo”, según el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Una serie de videos grabados desde el interior de la vivienda mostraron a Pérez negociando con las fuerzas de seguridad, a las que pedía garantías para entregarse y salvar así la vida de los “civiles inocentes” que decía que había en el lugar.
