Dos de las seis personas abatidas junto al exinspector alzado contra el Gobierno venezolano Óscar Pérez fueron enterrados hoy en medio de denuncias de que los familiares no autorizaron el sepelio, mientras continúa la incertidumbre sobre qué se hará con el cuerpo del líder del grupo.
«En nombre de la familia quiero hacer de conocimiento público que en ningún momento (…) dimos autorización. La familia no dio autorización para el entierro arbitrario de los cadáveres de nuestros familiares caídos, ajusticiados y masacrados por el régimen de Nicolás Maduro», dijo el familiar de uno de los sepultados.
La persona que hizo estas declaraciones -en un vídeo publicado en redes sociales por la diputada opositora Delsa Solórzano, que da apoyo a los familiares- es pariente de José Díaz Pimentel, funcionario de la Contrainteligencia Militar y alzado junto con Pérez contra Maduro.
El otro de los enterrados es Abraham Agostini.
Más de 100 personas acompañaron en un Cementerio del Este de Caracas militarizado a los familiares de Agostini y Díaz Pimentel, que lloraron ante las tumbas de sus familiares entre oraciones, gritos contra el Gobierno y contra el diálogo que parte de la oposición mantiene con la Administración de Nicolás Maduro.
«No sabemos dónde está Óscar Pérez», dijo desde el cementerio la diputada Solórzano. «Lo último que supimos es que estaba en la morgue de Bello Monte (Caracas), y allí está su familia con él», agregó.
Solórzano dijo haber sido informada de que «los otros cuatro asesinados» estaban siendo trasladados a sus respectivos estados.
Jairo y Abraham Lugo eran miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y oriundos del estado occidental del Zulia.
Natural del estado Táchira, fronterizo con Colombia, Lisbeth Andreína Ramírez era enfermera, tenía 30 años y era novia de Jairo Lugo.
Daniel Soto, por su parte, tenía 30 años, también era del Zulia y era periodista.
La diputada Solórzano -que pertenece a la comisión creada por el Parlamento, de mayoría opositora, para esclarecer la operación en que murieron siete sublevados y dos policías- se comprometió a «seguir investigando» para «hacer justicia» y que los hechos no queden «impunes».
El exinspector de la Policía científica Óscar Pérez, de 36 años, se alzó en junio pasado contra Maduro al sobrevolar Caracas en un helicóptero de ese organismo, desde el que llamó a la desobediencia civil con una pancarta.
En varios vídeos publicados en las redes sociales, Pérez -que es considerado un «terrorista» por el Gobierno- pidió al pueblo y los militares que salieran a las calles para acabar con la «tiranía».
En su última acción, el también expiloto de la Policía científica asaltó junto a sus hombres un cuartel militar, del que sustrajo armamento y en el que sometió a los soldados sin agredirles y les recriminó que sigan apoyando a Maduro, según puede verse en una grabación de los hechos que él mismo difundió.
Pérez y sus seis compañeros murieron abatidos el lunes en un operativo en que las fuerzas de seguridad utilizaron armamento de guerra. EFE
