La Comisión Permanente de Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales del Concejo Municipal de Carrizal acordó abrir una investigación para determinar presuntos hechos de violencia de género por parte de funcionarios de ese municipio.
La denuncia fue presentada ante la Comisión de Mesa de la Cámara Municipal por la trabajadora Leyla Roa, quien consignó un detallado informe sobre las acciones en su contra por parte de personeros del gobierno del alcalde Farith Fraijas.
La funcionaria, con cargo administrativo como secretaria II en el Instituto Municipal de Deportes, fue intempestivamente trasladada al “patio” del aseo urbano municipal, en la zona industrial de Los Cerritos, luego de permanecer dos semanas en un galpón del servicio de recolección de desechos sólidos ubicado en el sector La Yerbabuena.
Roa acompañó la denuncia con pruebas audiovisuales que muestran que el lugar al que fue desplazada no es apto para un trabajo administrativo, y no cumple con las condiciones mínimas de salubridad y seguridad, de obligatorio cumplimiento, que señala la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo ((Lopcymat).
“En el patio del aseo urbano solo hay un inmueble deteriorado, sin electricidad, sin agua y sin baño; con una canal de aguas servidas al descubierto, con abundancia de moscas y zancudos, y donde solo cuento con un bloque de cemento partido como asiento”, refirió la denunciante al hacer público el video grabado con su teléfono celular en la citada instalación.
Agregó que además del trato vejatorio, su seguridad personal queda en las manos de Dios. “Es una parcela alejada y solitaria. Estaría indefensa ante una agresión de la delincuencia”.
Refirió que su salud se ha resentido a raíz de la situación que confronta “por una orden emanada desde alguna instancia del gobierno municipal”. Detalló que la desmejora de sus condiciones laborales, y la inquietud por su futuro y el de sus hijos, le generaron una crisis de angustia y trastorno de ansiedad. Añadió que la retención urinaria, por no disponer de instalación sanitaria en la parcela, le provocó un cuadro de cistitis aguda.
“He sido sometida a daño psicológico, emocional y laboral. Son conductas abusivas, es menosprecio a la dignidad personal, son tratos humillantes y vejatorios”, dijo la trabajadora, quien denunció que el jefe de los cuadrilleros del aseo urbano de la alcaldía pretendió que fuese a “limpiar ese baño que está hecho una m…”.
Roa destacó que estas acciones violentan no menos de 15 artículos de la Ley Orgánica del Trabajo y de la Lopcymat, y configuran delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, entre ellos, el de violencia laboral, sancionado con multa de 100 a 1.000 unidades tributarias, y de violencia psicológica, castigado con prisión de seis a 18 meses; además de la responsabilidad civil, con pago de indemnización y reparación por los daños causados, para quienes sean partícipes, por acción u omisión, de estos actos.
Reflexión
Luego de escuchar a la trabajadora, quien ejerció derecho de palabra este miércoles en la sesión de Cámara, los ediles aprobaron remitir al alcalde Fraija una comunicación en la que condenan el hecho y lo instan a “corregir de inmediato el desafuero”, así como a tomar “acciones preventivas” ante otros los atropellos de los que tienen, hasta ahora, varias denuncias verbales.
El concejal Luis Aponte (Psuv) dijo que las arbitrariedades expuestas por la funcionaria llamaban a la reflexión. “En noviembre del año pasado aprobamos, y se promulgó, una ordenanza para la defensa de los derechos y la prevención de los delitos contra la mujer, y tenemos que hacerla respetar”. Aponte expresó su rechazo a toda forma de discriminación. “Esto no puede seguir pasando. Los derechos de los trabajadores del municipio Carrizal se tienen que respetar, independientemente de la postura política que tenga”.
Manolo Blanco (Voluntad Popular) recordó que el alcalde Fraija “en sus tiempos como locutor, se declaraba defensor de los derechos humanos, de los derechos de la mujer y de los trabajadores… lo exhortamos que ahora, como alcalde, haga honor a lo que proclamaba en su programa de radio y demuestre lo humanista que se dice”.
Mariem Pabón (Primero Justicia), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales dirigirá la averiguación con el acompañamiento de los concejales Aponte, Blanco, Rodríguez y el presidente de la Cámara, José Morales (AD), quien destacó la disposición del cuerpo edilicio en pleno de colaborar en el procedimiento./ Alicia Aguilar
