La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Aragua, Adriana Pichardo, denunció que 32 personas han sido detenidas arbitrariamente en relación a la Masacre de El Junquito, donde el excomisario del CICPC Óscar Pérez fue ajusticiado extrajudicialmente junto a otros siete ciudadanos por las fuerzas de seguridad del Estado.
Durante la sesión de la Asamblea Nacional de este martes, la parlamentaria resaltó que los familiares, amigos y conocidos de las víctimas han sufrido atropellos, torturas e incluso privación de libertad por parte de los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro.
«En estos momentos son 32 los venezolanos que han sido injustamente detenidos por su supuesta relación con el grupo de Óscar Pérez, 22 civiles y 10 militares. Estas personas han sido víctimas de la más cruel persecución, como es el caso de la esposa de José Alejandro Pimental quien fue detenida hace seis meses, para presionar la entrega de su marido, ahora tras su muerte ella sigue detenida dejando a un niño de solo cuatro años sin padres”.
También se refirió a las denuncias realizadas por la madre de José Pérez Cisneros, un ciudadano que fue torturado frente a su hijo mientras los funcionarios ponían una pistola en la boca del niño para hacer que Pérez confesara donde estaban las armas, que según los efectivos eran sustraídas por el grupo de Oscar Pérez. “Al régimen no solo le ha bastado la masacre que cometió ese día, sino que ahora quieren eliminar hasta sus familias».
Por su parte, el diputado por el estado Vargas, Winston Flores, calificó la masacre como la restitución de la pena de muerte en Venezuela y aseguró que este caso es una violación a los Derechos Humanos de las víctimas y sus familiares.
“Todo este tema es de encubrimiento y de crueldad. La causa de la muerte está clara, pero si yo hubiese sido el que escribió esta acta de defunción coloco pena de muerte, porque esto fue un decreto de pena de muerte contra estos 7 venezolanos que se estaban entregando. Destruyeron los sitios de la evidencia, entregaron los cuerpos de manera descontrolada. En este caso hay 3 grandes verdades, los videos de Óscar Pérez, el secuestro de los cuerpos y las siete actas de defunción, en ellas esta evidenciado la misma causa de muerte, el mismo disparo en diferentes partes de la cabeza. Este caso es una violación de Derechos Humanos, aquí hubo una ejecución extra judicial y será determinado porque esta comisión seguirá trabajando”.
Asimismo, denunció que no han querido entregar el informe forense y que la directiva de la morgue capitalina aseguró que el caso fue llevado a la jurisdicción militar, por lo que el único que puede dar información sobre el caso es el mayor Luis Mardal Flores. “No podemos permitir ni acostumbrarnos a que estas tragedias sean parte cotidiana de nuestras vidas. Levantemos nuestra voz, la unidad de Venezuela, el honor y el espíritu de libertad para que esto sea rechazado por el mundo y por Venezuela”.
