Continua investigación por «la masacre de El Junquito»
La vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interpalamentaria y presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, diputada Delsa Solórzano, informó que continúa el trabajo sobre «la masacre de El Junquito» dando cumplimiento al artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela «Corresponde a la Asamblea Nacional: 1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional. 2. Proponer enmiendas y reformas a esta Constitución, en los términos establecidos en ésta».
Solórzano destacó que el mundo pudo ver a través de las redes sociales la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, autores intelectuales de la violación a los DDHH, no respetaron el derecho a la vida, al debido proceso, ni a la presunción de inocencia, «utilizaron armas de guerra y no podrán negarlo, pese a que destruyeron las evidencias del caso cuando terminaron de desaparecer el chalet donde ocurrieron los hechos, violando ley de policía». De la misma manera precisó que, aplicaron tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes «por las que deben responder ante la ley todos los funcionarios que actuaron, al mismo tiempo que se debe explicar por qué en ese operativo estuvieron civiles armados».
Asimismo recordó que hasta el momento, 32 ciudadanos han sido detenidos de manera ilegal, «el único delito, haber conocido a Oscar Pérez, Daniel Soto, Abraham Lugo, José Díaz Pimentel, Jairo Lugo, Abraham Agostini o a Lisbeth Ramírez, quienes por cierto, presentaron tiros en la cabeza y los que deberían velar por cada evidencia para exclarecer el caso, pretendieron cremar los cuerpos que «logramos evitar, por eso hoy seguimos exigiendo la entrega de las autopsias».
Precisó que luego del engorroso trámite, cargado de irregularidades y despues de cinco y seis días, los familiares de Oscar Pérez y su grupo pudieron sepultarlos, constatando su identidad, pese a que se les violó el derechos de enterrarlos bajo sus condiciones.
La parlamentaria Delsa Solórzano indicó que desde el 15 de enero del año en curso, la Fiscalía y Defensoría no han actuado, han negado justicia, por tal razón acudió a instancias internacionales como el alto comisionado DDHH de la ONU, «igualmente el caso que impactó al mundo por la desproporcionada actuación de los cuerpos de seguridad del Estado con apoyo de grupos paramilitares, se llevará ante comisión DDHH del Mercosur».
