De acuerdo a las encuestas el rechazo popular a la gestión de Maduro supera el 80 %; sin embargo, el Presidente creó un escenario de extremo ventajismo electoral para tratar de revertir los efectos de esta desventaja frente a las elecciones presidenciales, advirtió este lunes el politólogo Sergio Graffe.
Asegura que la ventaja la logró a través de tres mecanismos en los que han participado de forma coordinada el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional Constituyente: las inhabilitaciones políticas a potenciales candidatos rivales, la invalidación masiva de partidos adversarios y la manipulación de condiciones que potencian la abstención electoral de los votantes contrarios a su gobierno.
Nombres como los de Leopoldo López, Henrique Capriles, Antonio Ledezma, Miguel Rodríguez Torres o Rafael Ramírez no serán contrincantes de Maduro por la carrera presidencial debido a medidas administrativas de la Contraloría General o a fallos judiciales del Tribunal Supremos de Justicia a solicitud del Ministerio Público y que son avalados por el CNE para impedir que puedan presentar como candidatos; sin embargo, aunque es uno de los temas discutidos en el diálogo entre la oposición y el gobierno aún no se conoce si se llegará a un acuerdo sobre el mismo.
“Las inhabilitaciones políticas se han vuelto una práctica recurrente desde un tiempo considerable y ha afectado a liderazgos opositores con aspiraciones para gobernaciones, alcaldías o diputados nacionales; pero en el caso de las elecciones presidenciales se observa que son medidas puntuales que van dirigidas a eliminar figuras con apoyo popular de la oposición o de disidencias internas en el oficialismo que pretendían competir por la candidatura presidencial del Psuv”, reseñó Graffe.
En paralelo a lo anterior, advierte que desde que el TSJ emitió la sentencia 01 de fecha 5 de enero de 2016 con la cual le ordenó al CNE que regulara la verificación de la nómina de inscritos de las organizaciones políticas nacionales el organismo electoral estableció una restrictiva normativa que invalidó el 88.8 % de los partidos adversarios al gobierno porque de los 59 llamados inicialmente a realizar el trámite, 45 eran contrarios al gobierno y sólo 5 han superado la prueba; sin embargo, de los 14 que apoyan a Maduro sólo Redes fue sacrificado por sus posiciones críticas a la gestión presidencial.
De los 18 partidos políticos que pueden postular candidato para las próximas elecciones presidenciales 5 son opositores (Acción Democrática, Copei, UNT, Avanzada Progresista y el MAS), 3 no alineados (IPP, UPP 89 y Nuvipa) mientras que 12 son afectos al gobierno (Psuv, PCV, Podemos, PPT, Tupamaro, ORA, UPV, Somos Venezuela, MEP y Alianza para el Cambio); lo que significa que de la proporción de 76.2% de partidos adversarios contra 23.7% de los afectos a Maduro hasta las elecciones parlamentarias del 2.015, en este momento el gobierno pasó a tener mayoría de apoyo partidista de 55.5% contra 44.4%.
Por otro lado, Graffe advierte que el sistema electoral venezolano “está podrido, por decir lo menos; debido a que se han contabilizado 24 irregularidades que han generado desconfianza en la mayoría de la población, como las siguientes más relevantes: integración del CNE con abierta inclinación hacia el oficialismo (4 de 5 ); ausencia de observadores electorales internacionales; eliminación de la tinta indeleble; uso ventajista del sistema nacional de medios públicos por parte de los candidatos del gobierno; abuso de “cadenas” televisivas y radiales para promover la imagen de Maduro; extralimitación de funciones por parte de la mayoría de militares del Plan República; terrorismo laboral; convocatoria ilegal para validación de partidos políticos opositores; cambio de las fechas electorales sin cumplir con el lapso de los periodos constitucionales; beligerancia política de los altos mandos de las Fuerzas Armadas; retrasos en la actualización del Registro Electoral Permanente, dentro y fuera del país; militantes del Psuv designados como miembros de las Juntas Electorales Regionales y Municipales y como Coordinadores de los Centros de Votación; reubicación de centros de votación con tendencia opositora a lugares de difícil acceso e inseguros; colocación de “puntos rojos” en las inmediaciones de los centros de votación para el pago de los “bonos electorales”; uso de los dineros e instalaciones públicas a favor de los candidatos oficialistas o la dificultad de acceso de los testigos de mesa de la oposición en los centros “controlados” por el Psuv a los que se les niegan las actas de escrutinios.
La combinación de los tres factores descritos configura para el analista político un escenario de extremo ventajismo electoral de Maduro con miras a las presidenciales de este año y el desafío de la oposición es contrarrestar sus efectos exigiendo que se restituya la normalidad institucional del país y, a la vez, escoger un candidato único y unitario, presentar un atractivo y viable programa para la recuperación económica y diseñar una estrategia coherente para la campaña electoral si es que toma la crucial decisión de participar en la misma.
Daniel Murolo
