La crisis venezolana, el aumento de las restricciones en Cuba, el retroceso en la política migratoria en EE.UU. y la violencia contra la mujer y las minorías, demuestran que en América aún falta mucho por hacer en materia de derechos humanos, según el informe de Amnistía Internacional (AI) presentado hoy.
En su análisis sobre cada país, AI dedica un lugar especial a Venezuela, donde se afronta “una de las peores crisis de derechos humanos de su historia reciente, alimentada por una escalada de violencia promovida por el Gobierno”.
La organización denuncia que “cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente y muchas más sufrieron las consecuencias del uso excesivo e indebido de la fuerza por los cuerpos de seguridad en respuesta a las protestas públicas generalizadas”.
Sobre Cuba, AI advierte que las “restricciones indebidas” al acceso y libertad de expresión en internet se suman a las formas tradicionales de censura en la isla, donde persisten las detenciones arbitrarias y “hostigamiento” a los críticos con el Gobierno.
Además, subraya que pese al deshielo con EE.UU., revertido por el Gobierno de Donald Trump, persiste una alta tasa de migración de cubanos a causa de los bajos salarios y el “control de la libre expresión”.
La organización presentó por primera vez el documento en Washington, para alertar de que “los pasos atrás” en derechos humanos dados por el presidente de EE.UU., Donald Trump, “sientan un peligroso precedente para otros gobiernos”.
“Las ondas de choque de la Presidencia Trump se han sentido globalmente, incluido el veto a la entrada de personas de varios países de mayoría musulmana y otras políticas antinmigración que amenazan la seguridad de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo”, señala AI.
La seguridad pública de Brasil se ha deteriorado en el último año, periodo en el que aumentó el despliegue de las fuerzas armadas para labores policiales a causa de la violencia en Rio de Janeiro.
Sobre México alerta del aumento de la violencia y la impunidad en medio de un “incremento significativo” en el número de homicidios y ataques contra periodistas y activistas.
El conflicto armado colombiano se intensificó en 2017 en algunas zonas del país pese a la firma del acuerdo de paz con la FARC, ahora convertida en partido político, por la acción de otros grupos ilegales, considera AI.
AI también describe la grave situación en el Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) por los numerosos casos de violencia de género, los ataques contra activistas, la migración forzada en una región azotada por el narcotráfico y las pandillas.
Sobre El Salvador advirtió que la prohibición del aborto ha llevado a que injustamente varias mujeres sean “declaradas culpables de homicidio agravado después de haber sufrido un aborto espontáneo u otras emergencias obstétricas”.
En Honduras AI denuncia “tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes” en la represión de las manifestaciones postelectorales contra un supuesto fraude en la reelección de Juan Orlando Hernández como presidente.
En el caso de Guatemala señala que las medidas para combatir la impunidad “corren grave riesgo de verse afectadas por la resistencia creciente de ciertos actores políticos”, y citó el intento fallido del presidente Jimmy Morales de expulsar del país al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Los feminicidios, la impunidad y los ataques contra defensores de los derechos humanos persisten en Nicaragua, recordó AI.
En el informe se advierte de la falta de “transparencia e imparcialidad” en el indulto al expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado en 2008 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, y también lamentó que Perú continúe un año más con altos índices de violencia sexual y feminicidios.
Las denuncias sobre el uso “excesivo” de la fuerza policial para acallar las protestas en Asunción contra la reelección presidencial y la falta de aplicación de sentencias sobre el respeto a los derechos de las comunidades indígenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacan entre los principales apuntes sobre Paraguay.
AI denuncia que se siguen “criminalizando y discriminando” a los pueblos indígenas en Argentina, advirtió de las “dificultades” de las mujeres para acceder a un aborto legal, incluso en los casos de violación o riesgo para su salud, y recordó los “retrocesos” en materia de derechos de los inmigrantes.
La violencia sexual y el intento de los legisladores de aprobar leyes abiertamente discriminatorias contra las personas de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI) son los temas más graves en Haití, según AI.
El Gobierno de Chile y la Fiscalía siguen “abusando” de la aplicación de la ley antiterrorista para imputar a indígenas mapuches sin las debidas garantías procesales, lo que supone en algunos casos violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. EFE
