El artículo 192 de la Constitución Nacional establece que el periodo para los diputados integrantes de la Asamblea Nacional es de cinco años, lo cual significa que a los electos en diciembre del año 2015 aún le quedan dos años y medio en sus funciones y una elección adelantada del parlamento constituiría una “disolución por la vía de los hechos”, con características similares al procedimiento usado por el ex presidente del Perú en 1992 y que se conoció como “el fujimorazo” o un Golpe Frío de Estado que fue apoyado por la Fuerza Armada.
Para el politólogo Sergio Graffe, además la propuesta de Diosdado Cabello que fue acogida por el presidente Maduro para llevarla a la Asamblea Nacional Constituyente y al CNE para realizar una mega elección para los cargos de presidente, diputados nacionales y regionales y los concejales representa una violación a la Constitución Nacional porque tanto la convocatoria como sus resultados serían fraudulentos de varios artículos de la Carta Magna y de la normativa electoral venezolana.
-El 240 constitucional establece que la remoción del vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta en tres oportunidades dentro de un mismo período constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, faculta al presidente o presidenta de la República para disolver la Asamblea Nacional; pero este supuesto no califica en los actuales momentos porque ese tema no ha sido considerado por el parlamento.
Por otro lado, el adelanto de esta convocatoria para este 22 de abril ocurriría –agregó Graffe- en un escenario parecido al de la Asamblea Nacional Constituyente porque los únicos candidatos serían del oficialismo y todos perderían la legitimidad de origen, con lo cual se afianzaría la imagen totalitaria del actual régimen.
“Convocar unas elecciones adelantadas, sin el tiempo suficiente para mejorar las actuales condiciones electorales y sin la participación de la oposición constituye un episodio de alto riesgo político para Maduro porque a pesar de que hay dudas sobre el proceso anterior en el que fue electo como presidente de la República, al menos tenía legitimidad de origen en su mandato; pero en esta oportunidad no tendría el reconocimiento necesario para establecer los niveles mínimos de gobernabilidad para resolver la grave problemática de la economía y el país entraría en un túnel cuya salida podría ser distinta a las establecidas por la Constitución Nacional”, dijo.
Si el CNE acata la orden de realizar la elección presidencial junto a la de diputados a la Asamblea Nacional, legisladores regionales y consejos municipales, los resultados serían iguales a la del proceso constituyente porque tanto la convocatoria, la elección de las nuevas autoridades y sus actos no tendrían validez jurídicas porque parten de una decisión fraudulenta y la cantidad de votantes será la que el gobierno quiera, incluso superior a los supuestos 8 millones que lo hicieron para la Asamblea Nacional Constituyente; pero con el agravante de que en esta ocasión se trataría de más de 2.300 cargos de elección popular que el gobierno tendría sin competencia.
Daniel Murolo – [email protected] / @dmurolo
