Hilda Páez, Yris Medina, Aura Liscano, Maritza Romero, Richard Páez, Wolfang Quintana, José Miguel Liscano, Fidel Romero, Roberto Valbuena, Francisco Moncada, Rubén Rojas, Gustavo Guía, Héctor Lugo, Tirso Tesara, Héctor Ortega, son algunos de los nombres que nos recuerdan el Caracazo. Algunas son víctimas directas, otras familiares que lucharon y aun luchan por hacer justicia.
Por Cofavic
Sin ellos no hubiera sido posible constituir el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), una organización no gubernamental dedicada a la protección y promoción de los derechos humanos que se creó y aún se mantiene independiente de toda doctrina o institución partidista y religiosa.
La organización se fundó de la mano de familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos y con el paso de los años se convirtieron en defensoras de los derechos humanos. El esfuerzo organizativo ha sido, particularmente, dirigido por mujeres, todas motivadas por la necesidad de encontrar a personas desaparecidas forzosamente y denunciar casos de ejecuciones extrajudiciales. Su lucha ha sido exigir el establecimiento de la verdad, la justicia y la reparación; y contribuir a la consolidación de la democracia, a través de la lucha contra la impunidad, la educación, la investigación y la difusión del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Hilda Páez tiene el peor recuerdo del Caracazo. A la 1:30 pm del viernes 3 de marzo de 1989 su hijo, Richard Páez, fue asesinado. El joven había estado en la zona, calle La Fila, del sector Maca de Petare, -saludando a unos tíos y después del mediodía se quedó con unos niños que volaban papagayos en los techos de las casas. Cerca de las 2 pm una comisión de la Policía Metropolitana disparó desde abajo y un proyectil alcanzó a Richard. Le dieron en un glúteo y luego la bala le recorrió el abdomen hasta llegar al tórax. “Yo corrí y corrí y después me lancé al piso. Ni siquiera lo vi, ahí, tirado, porque yo decía que ese no podía ser mi hijo”.
“Sólo recuerdo que esa fue la noche más larga de mi vida”, dice Hilda, pero al siguiente día se inició para ella un proceso de lucha que todavía no ha terminado. Cuando llegó el sábado en la mañana a la morgue, a retirar el cuerpo de su hijo, una decena de madres, hermanas y esposas, estaban concentradas y la necesidad de conseguir justicia las invitó a reunirse y a protestar a las puertas de la morgue, hasta fundar COFAVIC. “Sentíamos que teníamos que dar nuestra vida por la vida de nuestros hijos. Porque los que habían muerto en el Caracazo no eran unos perros. Desde que comenzamos esta lucha han seguido violentando los derechos humanos en el país y hemos seguido trabajando con otros casos porque queremos que la gente tenga conciencia de sus derechos”.
Yris Medina, a los 19 años, no sabía qué eran los Derechos Humanos ni tenía idea de a quién debía denunciar cuando asesinaron a su esposo Wolfang Quintana, con una bala de FAL, dentro de su propia casa durante los sucesos del Caracazo.
Con el paso del tiempo, ya unida a otros familiares de víctimas directas de los sucesos que se vivieron en Caracas en febrero y marzo de 1989, y vinculada a COFAVIC, Yris Medina asumió la importancia de la lucha por la justicia y la verdad. “Estar en COFAVIC me dio fuerza porque esta organización es un refugio que se creó para escuchar a la gente que lo necesite. Aquí acompañamos a las víctimas y las integramos al mundo de los DDHH. Yo sé que Wolfang no se merecía la muerte que tuvo, teníamos planes, sueños, y todo eso lo derrumbó una bala de FAL. Pero tengo esperanzas porque si no las tuviera no estaría aquí”.
“Aún su cuerpo está desaparecido. En el año 2000, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos informaron de la muerte de José Miguel Liscano, mi hermano, y que presuntamente se encontraba enterrado en una fosa común. Fui al Cuerpo Técnico de Policía Judicial y allí vi muchas fotos pero en ninguna estaba mi hermano”.
Ese es el testimonio de Aura Liscano, otra de las fundadoras de COFAVIC. “No tenemos la certeza de que esté enterrado en la fosa común pues no se han identificado todos los cuerpos. Lo único que sabemos es que ya no lo vamos a buscar vivo, pero no tenemos una tumba para llorarlo o llevarle flores. Tampoco sabemos qué pasó esa tarde, porqué se desapareció ni quién lo mató. El Estado reconoció su responsabilidad en los hechos del 27 de febrero y primeros días de marzo de 1989, pero aún falta que cumpla la parte más importante para nosotros. Queremos justicia para nuestros seres queridos”.
Aura asegura no perder la esperanza de saber, algún día, lo que le ocurrió a su hermano ese 28 de febrero de 1989 y esa necesidad fue la razón que la motivó a acudir al sistema interamericano a exigir justicia para su familia y para todas las demás víctimas.
En el mismo lugar oscuro y sombrío de Bello Monte, en Medicina Forense, conoció Maritza Romero, hermana de Fidel Romero, asesinado durante los sucesos del Caracazo en el barrio Ojo de Agua del municipio Baruta, a las demás mujeres, madres, esposas, hermanas, que se unieron y organizaron para formar COFAVIC.
“Desde ese momento hasta hoy, 29 años después, trabajo activamente en la promoción de los derechos humanos en Venezuela y diariamente brindo mi testimonio en talleres dictados a familiares de víctimas, funcionarios policiales, jóvenes, integrantes de organizaciones no gubernamentales y público en general. De modo que lo que puedo ofrecer es mi trabajó como defensora de derechos humanos y mi testimonio de lucha por obtener justicia en el caso de mi hermano”.
Junto a ellas transitaron el mismo camino de perseverancia y lucha Dilia Mendoza, quien perdió a su hija de un disparo, cuando se encontraba en El Valle; Alfredo Guevara, cuyo hijo adolescente fue asesinado por un policía en La Vega; Matilde Castillo, quien sobrevivió a los disparos, pero quedó sin una pierna; Petra Bello, Ivonne Pirela, Carlos Rojas Campos y tantos otros que son recordados 28 años después con la misma convicción: contribuir con la formación de una sociedad más democrática, en la que la impunidad sea la excepción y no la regla y las violaciones de derechos humanos no sean toleradas por el Estado ni por la sociedad.
